HELIODORO RODRÍGUEZ MEDINA
Toda forma de Estado tiene una única función, hacer cumplir las leyes. Para esto se dota de fuerzas coactivas que ejercen violencia para que toda ley sea cumplida.
Esta violencia no tiene que ver con el hecho de dar golpes o atentar contra las personas de forma gratuita o interesada, eso es injusto y detestable. El monopolio de la violencia, sólo corresponde a la Soberanía, si tiene algún significado este concepto, y esta reside en una concreta Forma de Estado.
Esto significa que la violencia sólo es un recurso para, llegado el caso, hacer cumplir las leyes que estén vigentes en un Estado de Derecho, teniendo en cuenta que todo Estado es de Derecho intrínsecamente.
El cumplimiento de la Ley es el objetivo de cualquier Estado, además de defender a sus propios de las agresiones tanto dentro del territorio Nacional como de las agresiones externas. Es el Estado el garante de que las leyes se cumplan sean justas o detestables.
En esto reside la llamada Soberanía, que jamás es Nacional. La Nación ha de velar por su propio interés constituyéndose como un Poder que frene y controle al del Estado, es decir, al Ejecutivo.
Es por esto que hay que diferenciar claramente entre La Política y Lo Político, lo primero corresponde a las medidas de Gobierno, lo segundo corresponde a las normas del Estado.
Siendo que la Nación tiene el poder Legislativo (Propuesta de Leyes), las leyes jamás deben ser promovidas por el Estado sino hechas cumplir por él. Da igual que le gusten al representante del Ejecutivo estas leyes, si tiene objeciones puede hacer dimitir al Legislativo pero con la única condición de que el Presidente de la República dimita y convoque nuevas elecciones.
El Estado tiene la obligación de ejecutar las Leyes que han sido previamente aprobadas por la Cámara de Representantes Nacional, de esta forma es la Nación la que legisla.
Es el Estado, por tanto, en la Forma Republicana el único que asegura la igualdad de todos ante la Ley. Hoy día el Estado Monárquico otorga potestades para que las Leyes sean promovidas y aprobadas desde el Ejecutivo sin que el Legislativo tenga la más mínima oportunidad de, por ausencia de Libertad Política, hacer valer las propuestas que considere
