El Ministerio de Justicia ha explicado en un comunicado que el desastroso resultado del último barómetro del Centro de Estudios Sociológicos (CIS) sobre la situación de la Justicia española ofrece una “valoración crítica” de la ciudadanía de la que también se pueden extraer conclusiones positivas “que responden a las demandas de los ciudadanos”. Se trata así de justificar con estos pésimos datos estadísticos que la opinión general avala la gestión gubernamental en la materia.
Según la propaganda ministerial, ha subido la percepción positiva sobre el funcionamiento de la Justicia, el aumento de la confianza en los tribunales y la consideración sobre la honradez e independencia de los Magistrados debido al incremento de la partida presupuestaria correspondiente.
Mientras no exista separación presupuestaria de la Justicia, más dotación significará más control, haciéndola más dependiente de quien la provee de fondos, es decir del poder ejecutivo. Y mientras no exista separación funcional, la aprobación de más medidas legislativas sobre la Justicia servirán para aumentar los lazos de su dependencia del poder político que señorea el falso parlamentarismo de esta monarquía de partidos. Por eso no es de extrañar que las conclusiones del Ministerio de Justicia, como desde tiempos inmemoriales, achaquen simplemente el problema de lo judicial a una cuestión dotacional resaltando que las quejas ciudadanas simplemente se centran en “que la Justicia disponga de más medios, más tecnologías, y unos procedimientos más sencillos y ágiles”.
Además, difícilmente puede establecerse una opinión fiable de la ciudanía sobre la Justicia cuando el monopolio de la iniciativa legislativa relevante para su funcionamiento proviene del Ministerio dependiente del ejecutivo que se ratifica en una cámara legislativa que previamente ha designado a ese mismo ejecutivo. La información que precisa la asamblea para llegar a reformas verdaderamente útiles al ciudadano sólo puede tener lugar a través de las posibles soluciones que se transmitan a verdaderos representantes, cercanos al justiciable, que eleven a categoría de propuesta de ley las necesidades del día a día de nuestros juzgados y tribunales. Mientras ésto no ocurra, la separación entre el devenir de la actuación jurisdiccional y los anhelos de los justiciables estarán separados por un abismo infranqueable. Hasta entonces, los ciudadanos sólo demandarán a través de sus escritos procesales.
