Pedro Manuel González, autor del libro «La Justicia en el Estado de partidos», en el capítulo nº 124 de «La lucha por el derecho», nos habla de la jurisdicción contencioso administrativa, ámbito donde es más evidente la falta de independencia judicial.
La tesis expuesta por Pedro es acertada totalmente y le agradezco que con tanta valentía la haya expuesto en público.
Siempre me ha parecido ver en los jueces del orden contencioso-administrativo (salvo alguna contada excepción) a los defensores de la Administración. No podemos olvidar que la ciencia jurídica administrativista denomina al sujeto objeto de la actividad administrativa como “administrado” y aquí puede estar la explicación de todo: somos administrados y no ciudadanos.
Mas, con permiso de Pedro, quiero ofrecer otro punto de vista: el análisis de la actitud de la propia Administración. Para ella, ese administrado que se opone a sus resoluciones y decisiones no es el que, con sus impuestos, la sostiene, sino el que se le enfrenta, la ataca, pone en cuestión su sacrosanta voluntad. A partir de ahí, la Administración juega sus bazas: ella no va a dar su brazo a torcer, si el administrado felón quiere que acuda a los tribunales donde ella utilizará sus abogados funcionarios y todo el aparataje institucional, y donde, por último, contará con esos jueces tan imbuidos de una más que favorable jurisprudencia (fruto, ésta, de otros jueces alzados a instancias superiores por mor de sus indudables méritos…).
Y esto es terrible pues no sólo es que la propia Administración desprecie a quien debería respetar en grado sumo sino resulta que también colabora muy eficazmente en el colapso de nuestros tribunales. Este aspecto de la cuestión debería ser tenido en cuenta más a menudo.
Evidentemente, son personas concretas las que actúan y, por ello, cuando hablo de Administración ha de entenderse que me refiero a quienes ocupan los puestos directivos capaces de dar órdenes e instrucciones de comportamiento. Puestos directivos ocupados por cargos políticos o por funcionarios elegidos por aquellos que, por tanto, cumplirán sumisamente con lo que sus jefes les indiquen.
En definitiva, la Administración está en manos, desde hace decenios, de políticos que no creen en la cosa pública y que, por ello, nos llevan (si es que no hemos llegado ya) al desastre.
estoy de acuerdo con este autor Pedro Manuel Gonzales y con el tertulio Ramón Alegre. a ambos les invito a entrare en la web ( https.//prevaricacion.org/)de nuestra asociación nacional Atando Cabos.
Y también quedan invitados a conversar conmigo 635463558, en estos temas de tanto debate y exposición, pero de menor acción. precisamente esta asociación es para tratar de cambiar algunas cosas del estado actual de la justicia. ojala reciba vuestra llamada.
Carlos de Miguel Camarero