La realidad del nueve de marzo es que los españoles han de decidir a qué democrático dictador refrendan para que se haga hombre en su nombre. Una realidad que no ha cambiado desde que los oligarcas de partido se repartieron el régimen franquista. La realidad es que la economía no está tan bien ni tan mal como quieren que se crea. Aunque la nacionalización de las pérdidas de las constructoras que se han enriquecido a lo largo de los últimos treinta años y de las del negocio bancario, además del desplazamiento de voluminosos capitales solidarios a paraísos fiscales y el aumento del fraude fiscal menor, son hechos preocupantes.   La realidad es que continúa la discriminación en y entre comunidades autónomas y se admite la posibilidad de romper la unidad de España de forma legal. Continúa la tan manida como cierta corrupción de los partidos políticos. Continúa la secreta moderación regia de toda la prepotencia gubernamental o de oposición que ponga en peligro el equilibrio de las oligarquías (política, financiera, mediática) que constituye el orden estatal. Contínúa la ausencia de cauce constitucional para expresar en un procedimiento público quién debe ocupar la Jefatura del Estado.   Don José Blanco, portavoz del PSOE (Foto: inmamesa) Tantas y tantas evidencias, que obligan a considerar la miseria moral en la que la partitocracia ha sumido a los españoles. Las instituciones estatales se encuentran en crisis permanente. No queda una sola instancia de poder que tenga autoridad. El nuevo conflicto entre el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional corrobora la injerencia gubernamental en asuntos que no le corresponderían en una democracia, es decir, si lo poderes del Estado estuvieran separados.   A pesar de todo, mantenemos la esperanza. Lo más peligroso para el régimen no son los continuos abusos de poder de los partidos juancarlistas, inherentes a su naturaleza, sino la crítica pública que pronto servirá de referencia. Hasta entonces seguiremos disfrutando, "elección" tras "elección", del abuso de usurpadores, ladrones y prevaricadores incontrolables.

Perplejos. Así se quedan muchos profesores al comprobar la importancia que posee el tema educativo en los "debates" electorales.  Pero la perplejidad puede abrir el camino del desvelamiento. Para ello, propongo la siguiente guía: 1.- Ya que las promesas de PSOE, IU y PP son -respectivamente- populistas, desleales y timoratas, no han de llegar siquiera -en la apreciación de los docentes- a la categoría de "mal menor" o de "voto útil". ¿Acaso quienes abundan en las desgracias reales, considerándolas soluciones ideales, pueden deshacer el entuerto? ¿Qué utilidad tiene el apoyo a unos partidos que no se atreven a reconocer o a denunciar detalladamente la ruina de la enseñanza ni a aplicar remedios de sentido común? 2.- Porque no es uno de los arietes electorales de doña Rosa Díez, el programa educativo de UPyD -esperanzador para muchos profesores- se convierte en esa letra pequeña que casi nadie lee. Lo relevante es que uno de los factótums del partido sea el señor Savater, quien, desde hace tiempo, demuestra una ambigua tibieza en sus recetas educativas. Las propuestas de UPyD son mucho más valientes que las del PP, es cierto, pero lo son porque, aspirando a uno o dos diputados en el mejor de los casos, pueden permitirse el lujo de serlo. 3.- Puesto que la soledad argumentativa y la falta de representación política impelen al desencanto y a la irritación, pero también a la sagacidad, el colectivo profesional de España más desguarnecido, más "irrepresentado", más desengañado, más enfadado y, en última instancia, más capacitado para denunciar la sutil simetría existente entre el devenir de nuestra "democracia" y las diversas reformas educativas, es el docente.   4.- Que ninguno de los principales partidos que concurren a estas "elecciones" plantee un cambio en profundidad del sistema de enseñanza demuestra que los auténticos obstáculos se encuentran, no en determinada ley, sino en un régimen político que impide a los profesores -y al resto de ciudadanos- influir en los legisladores. Por eso, aquéllos deben abstenerse de votarlos.   "Enseñanza 003" (Foto: mitico wc)

Monkeybear (Foto: Mrs. Maze) Los gobernantes de un Estado de partidos-estatales constituyen una nueva especie híbrida biológico-política: el “osomono”. Al no separar la elección de los representantes de la nación de la elección del Jefe del Gobierno, los “osos” diputados conforman con el “mono” gobernante la  nueva realidad bio-política partidocrática. Esta especie de la evolución social es muy fuerte (duradera) y graciosa (carismática), pero constantemente desleal con la sociedad civil.   Honoré de Balzac describió cómo, a finales del siglo XVIII, todavía la prensa provinciana utilizaba viejas imprentas de madera en las que la división del trabajo smithiana imponía –como en la fabricación del alfiler- la presencia de dos tipos distintos de operarios tipográficos: el “oso” y el “mono”. El oso era el encargado de ensamblar las letras bajo el movimiento de vaivén en sus desplazamientos desde el depósito de tinta a la prensa y viceversa. El mono era el componedor que cogía raudo las letras en los centenares de cajetines en que se guardaban. ¡Un reino hubiera dado el capitalista-explotador de la prensa por disponer de un “osomono”! Hubiera ahorrado salario, seguridad social, ¡mejorado la productividad de la empresa!   Imaginad que el Gobierno de los Partidos se asemejara a la imprenta pre-industrial y que nosotros fuéramos los oligarcas de la nación: ¿no desearíamos adquirir un osomono para la producción rápida de leyes y decretos que mantuvieran al “demos” a raya y no metiera sus narices plebeyas en nuestros negocios? La respuesta es evidente.   Pues así acaece con las “elecciones” de diputados a las cortesanas Cortes Generales. Van y vienen de las sedes a las poltronas de ski y, de entre ellos, nombran al mono gobernante-ejecutivo quien, a su vez, les ha puesto en el cargo e impone, obviamente, obediencia. Sin embargo, si somos amantes de la libertad política debemos querer que nuestros osos sean responsables sólo ante nosotros y no ante el mono. Y, sobre todo, que éste lo elijamos por mayoría en una votación nacional al efecto. Ahora, en cambio, se escoje al osomono, y… el osomono no existe. Es un truco del oligarca-prensista. Naturalmente sólo existen los osos y los monos.

Votaré (Foto: César Bojórquez) El último debate me ha hecho decidirme. Creo que debo ejercer el derecho al voto.   Hasta ahora, estaba convencido de que la mejor opción era la abstención. Pero estas elecciones, a diferencia de las anteriores, están resultando apasionantes tanto por la libertad y transparencia del debate electoral como porque el poder está, si bien no de forma total, sí aceptablemente en los electores. Además, lo incierto del resultado final las hace aún más interesantes. Hay que decidirse por uno de los dos candidatos en liza.   El primero de ellos podría definirse como de "derecha centrada". Cuenta con una amplia experiencia; no en vano ha estado muy cerca, durante años, del lugar donde se tomaban las más importantes decisiones del poder. Posee una excelente preparación jurídico-profesional, y un carácter moderado y pragmático. Responde a las expectativas de un electorado poco proclive a "aventuras", aunque sí con intervenciones militares exteriores como las protagonizadas por presidentes anteriores. Quiere hacer avanzar el país con reformas importantes pero siempre "dentro de un orden".   El otro, más joven y "dinámico", podríamos definirlo como un socialdemócrata de centro izquierda,  conecta  muy bien con la población joven y progresista que no ha sido tenida en cuenta por el poder. También lo hace con una población más vieja que siente peligrar las conquistas sociales después de tantos años de trabajo. Un candidato que  expresa el sentir de esta ciudadanía podría ser el catalizador de "otra forma" de hacer política. Por ello mismo es blanco de críticas ultramontanas.   Así pues tengo que decidir: Hilary Clinton o Barak Obama. Y una vez elegido el nuevo Presidente, bien sea Obama, Clinton o McCain, los privilegiados con la libertad política hemos de reclamar un nuevo Decreto que, al igual que aquella Constitutio Antoniniana del año 212 del Emperador Caracalla, conceda la ciudadanía occidental a todos los que ahora no la tienen más que nominal, como les ocurre a los europeos no suizos.   Es injusto que solo tengamos derecho a voto  una minoría de "patricios" del Imperio. No más votaciones "virtuales" sino auténticas y libres.

Mucho han cambiado las cosas en España desde que en 1993 se enfrentaron Felipe González y Aznar en un debate televisado. En aquella ocasión, los partidos fueron los encargados de pactar los debates. Nada estaba improvisado, desde los contenidos hasta los tiempos de intervención. El moderador, periodista también pactado, se limitaba a servir de reloj de cuco, a marcar los tiempos de los candidatos.   En esta campaña se ha visto algo novedoso, los medios de comunicación han asumido un papel protagonista en la sociedad civil. No se identifican con ninguno de los candidatos, sino que comentan las propuestas y los programas políticos con objetividad, imparcialidad e independencia. Los debates televisados no tienen ya el encorsetado formato de aquellos viejos pactos entre partidos. Hemos visto desparecer la rancia figura del moderador para dar paso a los más prestigiosos periodistas y analistas políticos que sorprenden con comprometidas e ingeniosas preguntas a los candidatos. Los editoriales de los periódicos, los programas de radio y los informativos de televisión han venido durante toda la campaña analizando cada una de las propuestas lanzadas por los candidatos, así como el grado de aceptación y credibilidad que éstas han alcanzado en una ciudadanía verazmente informada.   Esta participación ciudadana está siendo capital. Los medios de comunicación no han escatimado medios y recursos para pulsar la opinión del electorado. Los escenarios en los que se han venido celebrando los debates (grandes pabellones deportivos y salas de gran aforo) han contribuido de manera capital a la participación del público. Los candidatos se someten en cada encuentro, no sólo a los analistas y periodistas políticos, sino que responden directamente a las preguntas que les son formuladas por el público asistente.   De este bonito sueño me ha despertado mi hija. "¿Papá que estás haciendo?" "No lo ves hija, siguiendo el debate". En televisión, otra vez el año 1993: Zapatero contra Rajoy. Oligarquía.   Candidato único mediático (Fotomontaje: sagabardon)

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha adoptado un acuerdo en el que critica al Tribunal Constitucional por entender que se excedió en su jurisdicción al absolver a los empresarios Alberto Cortina y Alberto Alcocer. Señala el Supremo, que el Tribunal Constitucional se basó en una interpretación de la tutela judicial efectiva con vulneración del artículo 123 de la Constitución, que dota al primero de supremacía en la interpretación de las leyes.   Ambos órganos llevan cuatro años de disputas a causa del procesamiento de "los Albertos", acusados de apoderarse de 24,5 millones de euros de sus socios minoritarios en Urbanor por la venta de unos terrenos, y procesados por los delitos de estafa, apropiación indebida y falsedad documental. La Audiencia de Madrid dictó que estos delitos habían prescrito, a pesar de considerarlos probados. El Tribunal Supremo revocó la sentencia en marzo de 2003, al casarla con su jurisprudencia y condenó a los acusados a tres años y cuatro meses de prisión. El Alto Tribunal tiene establecido que la prescripción de un delito se interrumpe con la presentación de una querella. Así ocurrió cuando los afectados presentaron su denuncia en el juzgado de guardia el día anterior a  su  prescripción. Pero el Constitucional entiende interrumpido el plazo de prescripción cuando haya una actuación judicial, como la admisión a trámite de la querella.   No hay posibilidad de reclamar ante ningún órgano judicial. El Gobierno propició el año pasado una reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional que cierra todas las vías a un posible recurso. En concreto, el artículo cuarto en su párrafo segundo establece que “las resoluciones del Tribunal Constitucional no podrán ser enjuiciadas por ningún órgano jurisdiccional del Estado”. Es más, en este mismo artículo se deja claro que “en ningún caso se podrá promover cuestión de jurisdicción o competencia al Tribunal Constitucional”.   El Fiscal General del Estado ha declarado que esta sentencia del Constitucional es muy preocupante, porque le da la vuelta al derecho a la tutela judicial efectiva, que, a su entender, "es un derecho que debe de proteger a los perjudicados”. Como si  Conde-Pumpido no supiera  que la sentencia del Constitucional protege a los que se verían  perjudicados en caso de prosperar la  interpretación del  Tribunal Supremo.   hechos significativos Los partidos gastarán 50 millones de euros para pedir el voto. Cháves quiere que una mujer presida la Junta de Andalucía.

Catedral de Burgos / Raquel Martínez Debate La Ilustración desterró de la Universidad la disputatio escolástica. En un mundo que se objetivaba aisladamente a ojos de los hombres, carecía de sentido el desvelamiento que procuraba la polémica, pues la verdad no habitaba en el mito de las palabras sino en la facticidad de las cosas. La experimentación en el saber, habilidad de cualquier ser humano, proscribió la experiencia del argumento de autoridad. Sin embargo, al final, extraviado el horizonte milenario, enmudecido un Universo que antaño nos hablase, de nuevo regresó el oscuro mito, convertido ahora en paradigma luminoso y ufano, falsa imagen de la libertad. A las posturas enfrentadas subyacen hoy dos cosmologías que, saliendo de las viejas universidades para ungir la nueva Historia, han sido introducidas en el atanor de la ciudad y sublimadas bajo el aspecto de la ascensión prometeica y de la caída adánica, eternos contrincantes sobre el estrado de la modernidad. Desde la Revolución Francesa, Adán y Prometeo vienen intercambiando sus máscaras. Pero lo que no es sino natural disputa en el seno de la sociedad civil se ha tornado, con el amordazamiento de ésta, controversia impostada, pues únicamente representa la oligarquía del Estado, que no dudará en ofrecer, como espectáculo de la libertad, el especular consenso del que se sustenta.   La antigua disputatio se llama hoy debate. En él, ningún argumento aspira a la mítica verdad sino a la supremacía en la opinión paradigmática. Tras el debate entre Zapatero y Rajoy, el axioma artístico de Oscar Wilde: «una verdad es aquello cuya contradicción también es verdadera», ha de ser sustituido por este otro adagio partidocrático: una mentira es aquello cuya contradicción también es falsaria.

Sucede cuando se vive instalado en el delirio y éste se hace cotidiano. Acontece en el tiempo en que la libertad política es sospechosa y quien pretende vivir conforme a sus pautas, marginado, despreciado o perseguido. Es entonces cuando a la verdad los mediocres le reservan sólo tres salidas: encierro, entierro o destierro. Su prisión, su féretro o su exilio es la palabra adulterada, máscara de desleales intenciones. Nace la perversión del lenguaje, obra de un régimen de poder infame que tolera impúdicamente describirla (“El dardo en la palabra”, de Carreter), pero nunca explicar honestamente sus causas. En ese escenario, conviene siempre discernir lo dicho de lo velado.   Durante el pleno del Consejo General del Poder Judicial celebrado el pasado miércoles, siete de sus miembros se ausentaron de la sala cuando se debía debatir la aprobación de medidas dirigidas a lograr el cumplimiento de la Ley de Banderas en los edificios judiciales del País Vasco (El Mundo, 27/2/08). Los jueces que se desentendieron de su obligación, denominados por los medios de comunicación “minoría progresista”, adujeron en su defensa ante los periodistas que con su espantada buscaron evitar la repercusión política que pudiera tener una decisión sobre el conflicto en medio de la campaña electoral. Nos quieren decir que jugaron la carta de la “no injerencia”, como si la separación de poderes estuviese en peligro. Como si el poder judicial fuese independiente del político.   Con la excusa que han presentado esos jueces para justificar su conducta reprobable, muestran que su única inquietud es la del efecto político de su labor, en lugar de preocuparles la ilegalidad de lo sucedido en el País Vasco. Además, obtienen lo que dicen rehuir: intervenir en la campaña electoral. El uso perverso del lenguaje confunde el conocimiento de las cosas. Un juez nunca debe ser calificado como “progresista” o “conservador”. Como juez, los únicos adjetivos que admite su tarea son los de “imparcial” e “independiente”, y si es así no dejará de impartir justicia sean cuales sean las circunstancias. A un delegado político, en cambio, sólo le cabe observar la línea dictada por el líder del partido que lo eligió. Las palabras ya no significan lo mismo que antes.   Fachada del ayuntamiento de Bilbao sin banderas