En la sociedad repleta de información y espectáculo, la edad deja de ser criterio de capacidad y, como el sexo femenino, adquiere valor “per se“. La sabiduría no es fruto de la experiencia. Las innovaciones tecnológicas dejan en la cuneta del progreso saberes acumulados durante generaciones. Y la sociedad civil pierde en sentido común y coherencia lo que gana en sentido práctico y contradicción. La adaptación al medio, como en los ancestros de Atapuerca, arrincona en brasas de invierno los ideales de juventud y las memorias de la vejez. En la transición del presente al presente, en un mundo sin causas, el talento, la historia y la novela pierden su razón de ser.

Ante un ordenador, los niños tienen mil años de curiosidad desordenada en sus cabezas ágrafas. La inteligencia no aumenta con la edad, solo se especializa y limita su desarrollo. La juventud vive dramas que no padeció antes. No los de la natural incomprensión de los mayores. Sufre la injusticia de ver apartada su mayor habilidad técnica, de un mundo profesional de expertos en pericias de dominación. Donde no hay sitio para la sabiduría, la juventud se desarraiga. Pero si la tecnología impera, y lo joven se pone de moda, la juventud ocupa los puestos de mando. Bajo la Monarquía de Partidos, como en las empresas de comunicación, se busca lo joven en caras de corazones viejos. La sangre del frente de juventudes se inyecta gota a gota en los partidos, a cambio de promoción social. La juventud partidista, en nombre del orden o del progreso, renueva la ideología de la resignación. El conformismo, no las arrugas, la envejece.

La juventud y la ancianidad no se relacionan en una sociedad que funciona como una compañía anónima, cuyo consejo de administración (partidos, sindicatos y oligarquía) conspira para impedir que lo auténtico entorpezca la circulación de riqueza, honores y empleo entre accionistas que renuncian a la selección de la libre competencia y abdican de la cultura.

La juventud inconformista y la jubilación anticipada permiten el consenso de ese brutal reparto del beneficio social. Aquélla desprecia los costos de las generaciones que lo acumularon. Y ésta, como clase pasiva, se resigna a morir para aliviar la carga de las pensiones, que preocupa a un consejo de administración de siglas, y no de personas. El inconformismo de la marginación política y la jubilación en plena juventud mental, si no participan en la acción liberadora de sus energías, a la que están convocados como miembros activos de la sociedad, seguirán legitimando el sistema monárquico que los excluye de una vida social creadora. Pues la esencia de la edad, como dijo Emerson, solo está en la inteligencia.

La concentración de fieles en Valencia con el Papa en defensa de la familia tradicional, pone de actualidad la reflexión sobre la sociedad civil y los elementos sociales que la componen. Pues no basta con decir que ella es todo lo que no está incorporado al Estado ni ligado orgánicamente con la comunidad nacional, para saber cuales son sus contornos precisos y percibir la naturaleza de sus funciones privadas. El estudio de la sociedad civil, de lo no oficial, comienza por el de su núcleo primario, la familia.

En la afluencia de católicos a Valencia se ha formado una masa social con la significativa participación de tipos representativos de tres sociedades: la de fieles, la familiar y la juvenil. ¿Pertenecen estas tres sociedades a la sociedad civil? La respuesta ha variado con los tiempos. Eliminada hoy la antigua dicotomía societas civium-societas fidelium, la cuestión se reduce a la sociedad doméstica y a la juvenil. Esto no significa que la sociedad de fieles haya dejado de ser cuestionada como elemento de la civil, pues la dimensión religiosa en el catolicismo no se extiende sobre la sociedad económica como en el protestantismo. Lo católico no ha sido factor genético ni funcional en el nacimiento y desarrollo del capitalismo.

La sociedad doméstica tuvo un rol primordial en la producción y consumo de mercaderías en las ciudades griegas. Hasta el punto que le dio su nombre de economía. Luego, el modo de producción artesanal labró la fortaleza de los lazos familiares. Hasta que la revolución industrial hizo del hogar, desplazado de su lugar vecinal, el purgatorio de la nueva condición obrera. Con mujeres y niños cubriendo su indigencia con solidaridad de clase, se acunó la esperanza en el paraíso anarquista de los artesanos o en el mundo socialista de los proletarios. La familia conservaba con la nueva miseria la tradición que disolvía la reciente riqueza. El grupo parental, al dejar de ser sociedad doméstica (económica), se desvanecía en la sociedad civil. Los sindicatos forzaron al Estado a satisfacer las necesidades vitales de las familias marginadas del progreso industrial. Y Hölderlin cantó la tragedia de que del Estado se hiciera el paraíso de los que lo negaban.

El trabajo de la mujer, las guarderías, la escolarización precoz, las separaciones con hijos menores, las parejas de hecho, la falta de empleo juvenil, la permanencia de los hijos mayores con sus padres, la incomunicación ante el televisor, el horror de la juventud al aburrimiento, la búsqueda de emociones en la droga o la violencia, la ausencia de ideales de vida interesante, han provocado la crisis sentimental y social de la familia, justamente cuando vuelve a ser, con la economía de consumo, la sociedad doméstica que mantiene la demanda como en la ciudad griega.

Esta contradicción entre la disolución de la familia y la necesidad de mantenerla activa en la sociedad civil, como unidad de consumo en el mercado (la cesta de la compra), puede explicar que, en un clima social de atonía del sentimiento religioso, el mismo Gobierno laico que legaliza el matrimonio homosexual propicie y financie la concentración católica de Valencia. Los partidos estatales no perciben, porque no hay sociedad política que lo exprese, la trascendencia que recobra la familia, con independencia de toda idea religiosa, como elemento activo en la sociedad civil de la moderna economía de consumo.

Nadie, absolutamente nadie, dice la verdad sobre la naturaleza de la decisión del Presidente del Gobierno de reconocer el derecho del pueblo vasco a separarse de España. No por miedo. Simplemente por indiferencia ante lo esencial, por la costumbre de no tomar en serio lo que dicen los fraudulentos políticos de la Transición o, lo más probable, por ignorancia de lo que significa que los vascos decidan libremente su futuro.

Antes de que la internacional socialista creara, al final del siglo XIX, el derecho de autodeterminación, sin precisar qué pueblos podrían invocarlo, la literatura romántica creó la expresión “derecho a la libre determinación de los pueblos”, para apoyar la cruzada europea en favor de la independencia de los griegos en su guerra de liberación contra el imperio turco. Antes de la segunda internacional, Carlos Marx precisó que el derecho a la libre determinación no era aplicable a los pueblos que lograron su unidad nacional antes de la Revolución francesa, con la excepción de Irlanda, por razones de división religiosa. Tanto Lenin como Stalin exigieron cinco requisitos para que un pueblo pudiera tener derecho de autodeterminación. De esos requisitos el pueblo vasco solo cumple uno: ser fronterizo con una nación (Francia) diferente de la que lo integra. Después de la guerra mundial, la ONU reconoció el derecho de los pueblos colonizados a independizarse o separarse de la metrópoli colonizadora.

El complejo de culpabilidad franquista padecido por el Rey Juan Carlos y por el Presidente Suárez, unido a la ley del péndulo que los pueblos siguen cuando carecen de dirigentes políticos responsables, impulsaron la fuga hacia una descentralización del Estado que, en lugar de racionalizar la Administración y desconcentrar el poder, parió de la nada 17 Autonomías y tres nacionalidades, multiplicó el gasto público, fomentó 17 concentraciones de poder oligárquico, hizo de la corrupción el primer factor de la acumulación de capital y propició la creación de un oligopolio mediático al exclusivo servicio de la nueva oligarquía política.

Zapatero no improvisa ni imagina algo nuevo. Lleva a sus consecuencias lógicas la demagogia que ha regido, desde el primer día del consenso entre los traidores a Franco y a la democracia, la formación del sentimiento apático hacia lo español. Los nacionalismos separatistas han sido alimentados en Madrid. No solo por las alianzas electorales, sino sobre todo por la idea dominante, fabricada por la frivolidad de Ortega y Gasset y hecha suya por el fascismo joseantoniano, de que la nación es algo subjetivo, un proyecto dependiente de la voluntad, y no un hecho objetivo que nos impone la historia sin consultarnos.

Del mismo modo que las Autonomías de Suárez no podían dar satisfacción a diferencias sentidas como históricas en los modernos nacionalismos catalanes y vascos, y las aumentaban (Estatut), así también el derecho a la libre determinación, proclamado por Zapatero, no dará satisfacción democrática al nacionalismo vasco, sino que lo exacerbará hasta que consiga la secesión de España, con un Estado Vasco.

En nombre de la unidad de España, en nombre de su historia, en nombre de la libertad política y de la democracia, denuncio ante la opinión pública, a través del Movimiento Ciudadano por la República Constitucional, las siguientes evidencias:

1. Zapatero ha cometido contra España el más grave atentado desde la guerra civil y ha destruido la legalidad de la institución parlamentaria. Aunque no ha cerrado las puertas del Parlamento y llevado las llaves en bolsillo, como el dictador Cromwell.

2. Zapatero, al reconocer la penúltima aspiración de ETA, hace irrisoria la negociación con el terrorismo. Le ha pagado ya el más alto precio político que podía concebirse: el derecho nacionalista a separarse de España.

3. Zapatero ha cometido un delito de lesa Majestad, al violar el símbolo de la unidad y permanencia de España, que el artículo 56 de la Constitución atribuye a la Corona.

4. El Rey Juan Carlos, con su ominoso silencio ante el golpe de Estado de Zapatero, ha dado un golpe de Majestad, contra la unidad de España y la institución parlamentaria, sin arbitrar ni moderar el funcionamiento regular de las instituciones (art. 56.1 CE)

5. El golpe de Estado de Zapatero y el golpe de Majestad de Juan Carlos, sitúan a las Fuerzas Armadas ante el mandato constitucional (art. 8.1) de garantizar la soberanía e independencia de España, de defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional.

6. El MCRC se opone a que las fuerzas armadas intervengan militarmente en el proceso. Este asunto lo ha de resolver la sociedad civil española, en su conjunto, mediante un movimiento político, cuando llegue el momento.

El fenómeno es conocido en todos los ámbitos donde se manifiesta la vida de la cultura artística y la del pensamiento. Las causas que lo producen son complejas. Las de orden mercantil parecen haber sido las desencadenantes. Pero sin el concurso de las causas de orden político, el factor económico no habría conseguido transformar la cultura en mercadería, es decir, convertir la obra de arte en obra del arte de mercado, acomodar la literatura al gusto popular del mercado del libro, condicionar la reflexión y el modo del ensayo a las exigencias del mercado político.

Dotado de excepcional cultura literaria, Don Manuel García Viñó, ha realizado una investigación casi exhaustiva de las promociones que realiza el grupo editor del periódico El País, para abastecer el mercado de libros de ficción y los asientos en los sillones de la Real Academia de la Lengua. Los resultados los ha publicado en un libro que acaba de publicarse con el título “El País, La cultura como negocio“.

Se trata de un libro único en su género. Su autor me concedió el privilegio de prologarlo, con unas pinceladas sobre la teoría de la novela, y unas improvisadas reflexiones sobre las causas de que la teoría política no haya creado en España, desde el siglo XVIII, nada que mereciera ser incorporado al pensamiento universal.

Aunque pueda parecer exagerado, la verdad es que el pensamiento español no ha participado en la creación o desarrollo de las ideas originales que acuñaron los conceptos de liberalismo, socialismo, comunismo, anarquismo, sindicalismo, fascismo, representación, sistema electoral, partidos políticos, democracia, parlamentarismo, Nación, Estado, Sociedad, Monarquía. Republica, Dictadura, Estado de Partidos, Constitución, terrorismo, nacionalismo, autodeterminación, y todos los demás que se utilizan a diario en el mundo de la política sin conocer su significación.

Las consecuencias de esta incapacidad intelectual para deducir ideas universales a partir de los hechos locales, han sido funestas. Ninguna doctrina pueda ser trasplantada a suelo extranjero sin pasar por el filtro, también teórico, de la adaptación o recepción. Sin este filtro, y sin escuela de historia comparada, el derecho público y la teoría política ha sufrido, en España, los vaivenes de los acontecimientos foráneos que dieron lugar a las doctrinas francesas y alemanas sobre Estado y Constitución. Lo cual explica la disparatada recepción de lo extranjero y el desconcierto en materias, como la Autonomía, donde no había modelo ajeno que copiar.

Este domingo una mayoría de catalanes estatuirá en Cataluña su añorado “estament” histórico, su particular modo de estar en España sin sentirse parte de la misma, su regreso triunfal a la catalanidad que se llamó nación, como los demás cuarteles peninsulares de los Tercios de Flandes.

Con la aprobación del Estatut, diferenciador hacia fuera y discriminador hacia dentro, el nacionalismo catalán da un paso de gigante al pasado, arrastrando consigo la pesada carga de los que se sienten españoles, o simplemente catalanes sin ambición de Estado propio. Solo los alarmistas ignorantes de lo que sucede en Cataluña, y los republicanos no financiados por la Monarquía de los Partidos, ven riesgos secesionistas en un Estatut que expresa, sin embargo, la indeclinable voluntad de los partidos catalanistas de mantener Cataluña unida al Estado español, en condiciones de igualdad, gracias al vínculo inquebrantable creado por el común e irreversible sentimiento monárquico y el juramento de lealtad a la Corona de Juan Carlos I. ¡¡Menudo vínculo!!

Ningún votante tiene derecho a perturbar con votos en blanco o votos nulos la gran fiesta del nacionalismo catalán. Allá con su mala conciencia monárquica, los afiliados y simpatizantes del partido estatal Ezquerra Republicana (financiado por la Monarquía) y los del Partido Popular que votarán no a la confianza puesta por los Estatutarios en el Rey Juan Carlos. ¡¡Menuda desconfianza de la derecha en la monarquía!!

Los republicanos, los que no estamos integrados ni favorecidos por la Monarquía, respetamos las fiestas ajenas. Y por propia dignidad no nos acercamos a esas míticas urnas de donde salen misteriosos sentimientos medievales, que lamentamos no sentir como europeos del siglo XXI y que, al parecer de los nacionalistas de país (no queremos decir payeses), siguen siendo los mismos que los de los Tercios de Flandes. Aprovechamos esta ocasión para manifestar la admiración republicana por un Estatut forjado con la autonomía cultural de Cataluña, pues, hasta este fruto de ciencia política, se creía que la cultura o bien era universal o bien folclórica. ¡¡Menuda cultura catalana!!

En nombre del Movimiento Ciudadano por la República Constitucional (MCRC), me dirijo a los numerosos visitantes catalanes de este blog para pedirles que no se abstengan de votar por su propia dignidad, sino por la de Cataluña. La abstención republicana, consciente de su finalidad, expresa una doble voluntad política: no interferir en los asuntos internos de la administración monárquica, y reservar los derechos ciudadanos para instaurar, con ellos, la República Constitucional en la forma del Estado Español.

La Constitución de la Monarquía es tan absurda y demagógica que impone un imperativo democrático a organizaciones que por su propia naturaleza no pueden cumplir. Me refiero nada menos que a los únicos agentes de la acción política en el Estado de Partidos. El art. 6 de la CE, después de describir las funciones de los partidos políticos, en lugar de prescribirlas como sería lo adecuado a una norma constitucional, les impone una obligación de cumplimiento imposible: “su estructura y funcionamiento deberán ser democráticos”.

Como en la prohibición del mandato imperativo, los “Padrinos de la Patria Monárquica” vuelven a ignorar otro de los postulados fundamentales de la ciencia política. En este caso, la naturaleza indefectiblemente oligárquica de todos los partidos de masas. Lo que sabe cualquier estudiante universitario sobre sociología de las organizaciones o historia de las ideas políticas, lo desconocían los doctos ignorantes que redactaron el texto constitucional. La ley de hierro (rocher de bronce), descubierta por Michels en 1911, dice así: “la organización es la madre del dominio de los partidos sobre sus electores”.

Esta ley sociológica fue enunciada cuando los partidos aun no habían reforzado la dominación oligárquica del aparato dirigente sobre la militancia, mediante el sistema proporcional, inventado por un telegrafista inglés para hacer posible las elecciones en un continente tan despoblado como Australia, con una sola circunscripción donde concurrieran en listas de partido personas desconocidas para los votantes. El criterio proporcional, impuesto en la Constitución de esta Monarquía de Partidos, ha convertido la ley sociológica de Michels (referente a la estructura) en la ley jurídica que somete la voluntad de la militancia a la del aparato funcionarial (funcionamiento) que hace las listas del partido.

Los partidos políticos modernos no son oligárquicos por degeneración, sino por naturaleza. Cuestión distinta es si unas organizaciones oligárquicas y burocráticas pueden querer, tomar o emprender las acciones que requiere la expresión de la libertad política en una democracia representativa. Y esto plantea el problema de la función de los partidos políticos en una República Constitucional. Un problema más fácil de resolver de lo que parece.

Si los partidos, aunque quieran serlo, no pueden ser democráticos, habrá que dignificarlos con estas tres medidas preventivas de la libertad política: 1. Sacarlos del Estado para evitar que éste se oligarquice políticamente. 2. No obligarlos a ser democráticos en la Constitución, para que ésta sea verídica. 3. Cambiar el sistema electoral de listas por el tradicional, para que el sistema de poder en el Estado sea representativo de la sociedad civil.

Las leyes promulgadas desde que entró en vigor la Constitución de esta Monarquía de Partidos, sin excepción alguna, son inconstitucionales. En consecuencia, todas ellas podrían ser declaradas nulas de pleno derecho si los que tienen la facultad de interponer el recurso de inconstitucionalidad (Presidente del Gobierno, Defensor del Pueblo, Cincuenta diputados, Cincuenta senadores, órgano ejecutivo o Asamblea de las Comunidades Autónomas) lo instaran ante el Tribunal Constitucional, y éste fuera una instancia independiente del poder político.

No es necesario ser jurista ni mero leguleyo para darse cuenta de este gravísimo hecho que, por sí solo, niega la pretenciosa propaganda de que estamos viviendo en un Estado de Derecho. Pues la Constitución prohíbe al poder legislativo que acuerde leyes por mandato imperativo a los diputados que las adoptan. Y ni una sola ley ha sido votada sin mandato imperativo de los aparatos de los partidos políticos a todos los diputados-votantes de sus respectivos grupos parlamentarios. La Constitución dura porque no se cumple en uno de sus principios fundamentales.

El peor defecto de una Constitución es que no sea realista, es decir que sus normas no puedan ser aplicadas, por ir contra costumbres de un valor normativo superior al de la Norma de las Normas. Esto sucede con la prohibición constitucional del mandato imperativo, cuyo origen, naturaleza y función no solo eran ignorados por los “Padrinos de la Patria”, sino también por todos los diputados elegidos por el sistema proporcional de listas de partido. Pues este sistema requiere, en su concepción y funcionamiento, el mandato imperativo a los diputados de lista.

La Constitución consagra la absoluta e insalvable contradicción de prohibir a diputados y senadores que estén ligados por mandato imperativo, y al mismo tiempo no permitir que las elecciones se hagan con criterios distintos al de la representación proporcional por listas de partido, es decir, de candidatos ligados al mandato imperativo de los jefes que hacen las listas. Esta brutalidad contra el derecho y la lógica del sentido común obedece desde luego a incultura de los “Padrinos”, pero mucho más a las órdenes que recibieron del secreto poder constituyente de la Monarquía.

Acostumbrados a la demagogia de la dictadura, los bárbaros autores del texto constitucional quisieron parecer liberales con un brindis romántico al recuerdo revolucionario de la prohibición del mandado imperativo. Pero para evitar veleidades a la libertad de elección, metieron de matute el sistema proporcional, obligando de este modo a los incautos electores a ratificar lo que otros deciden y eligen por ellos.

La antigua doctrina cortesana distinguía dos clases de monarcas. Los que lo eran por legitimidad de su origen dinástico y los que lo eran por legitimidad de ejercicio de su función coronada. Cuando cualquiera de esas dos legitimidades parecía dudosa, y la situación del Reino se hacía inestable, los legitimistas y los situacionistas las sumaban. Esto ha sucedido en España con Juan Carlos I a partir del 23F.

Su derecho a ocupar el trono ya no solo proviene de Franco, y de la renuncia forzada de su padre, sino sobre todo de la legitimidad carismática que le dio, ante un pueblo asustado, su providencial comparecencia en televisión para anunciar a los españoles que podrían dormir tranquilos tras el aborto que él mismo hizo de la sonada del coronel Tejero. En aquella madrugada murió el débil monarquismo y nació el poderoso “juancarlismo”. El problema de la Monarquía se trasladaba de este modo a la falta de legitimidad del heredero de un Rey carismático. Entonces escribí un artículo en “El Mundo”, reproducido en “ABC”, sosteniendo la tesis de que la Monarquía solo la podría legitimar el heredero si los españoles lo aceptaban como Rey.

Ningún historiador ha desenmascarado todavía tan oportunista mito, que convertía en héroe repentino, digno del premio Nobel de la Paz, a quien el día anterior no se le reconocían cualidades mentales o de carácter para imponer su voluntad a los que le impusieron una función decorativa en la Monarquía de Partidos. Nadie exigió explicaciones parlamentarias a la dimisión de Suárez, antecedente causal del 23F, pese a que la justificó en el peligro de un golpe militar. Ningún medio de comunicación se preocupó de investigar el absurdo de la explicación oficial. Y el nuevo Rey carismático continuó disfrutando de la Corona, sin el menor asomo de carisma ni de influencia en los acontecimientos que han conducido a la situación actual de España como Estado sin Nación propia, exclusiva de otras Naciones.

Ningún historiador ha explicado los hechos que denuncié en otro artículo publicado también en “El Mundo”, donde dije que el propio Rey se autoinculpó en el mensaje televisado, cuando reconoció haberle dicho al capitán general de la región valenciana, con los tanques en la calle, que después de su última conversación por teléfono con él ya no podía dar marcha atrás. Yo no conocía el dato de que a las tres de la mañana se había retirado de la agencia Efe el texto enviado a dicho general, donde se aclaraba el misterioso mensaje televisado.

Dos días después de la publicación de mi artículo, en la entrega del premio Pelayo a juristas de reconocido prestigio, un señor que yo no conocía me dijo: soy fulano, Vd. ha sido el único que ha dicho la verdad sobre el 23F, yo mismo ordené al capitán zutano que retirara el texto de la agencia Efe sin dejar rastro, y la entrevista del Rey con el General Alfonso Armada, que se presentó de improviso el día 11F abandonando su destino, solo pudo celebrarse cancelando la audiencia concedida a D. Alfonso de Borbón. Concertamos un encuentro posterior donde el Sr. Fulano, que aún vive, me confirmó todo lo que yo había intuido. Fue la opereta de Tejero, para impedir un Gobierno militar con participación socialista, la que hizo desistir al Rey y los tenientes generales de su gran Opera.

Si ha sido precedida por un esclarecimiento de la cuestión del poder político en la opinión pública, si es traída por un movimiento pacífico de lo más lúcido de la sociedad, si la idea la encarna el prestigio profesional y reputación de sus promotores, la República no solo se presenta como una forma de Estado, garante de la libertad política (esencia de la democracia), sino además como el modo más auténtico de vivir la vida social.

En la presentación de la República, como en la de toda persona, la primera impresión es la que vale. Por eso aconsejaba el cínico Talleyrand que no nos dejáramos llevar por ella. La estética tiene suma importancia en las formas de presentar y proponer la República. Esto tal vez parezca fuera de lugar en una sociedad cuya vida pública ha perdido todo vestigio de pudor o decoro. Pero si lo meditamos, caeremos en la cuenta de que este consejo lo cumplen a rajatabla los que buscan un empleo, un amor o una secta religiosa de poder. En contraste con la izquierda transitiva de barba y pana, Robespierre jamás se presentó sin corbata ni peluca empolvada en las reuniones con los «sans-culottes».

No se trata de introducir distancias o amaneramientos en el trato social. Antes al contrario, la importancia de la naturalidad adquiere con la República la categoría moral de un valor cívico. La Revolución igualó este valor con los de libertad e igualdad, en la fiesta de la Federación de los franceses que confraternizaron, marchando a Paris, al son de la Marsellesa, en el primer aniversario de la Bastilla. Se llamó federación a la fraternidad de los individuos liberados de su antiguo y discriminador «status», no a un pacto entre regiones o municipios.

Os saludo, pues, como amigo fraternal en la República de todos. Es probable que la emoción de escribiros sea más fuerte que la vuestra de leerme. Nunca he tenido la experiencia de escribir a lectores que me esperan. Me recuerda a los escritores que escribían novelas por entrega de folletones.

Espero que comprendáis que no tenga tiempo de responder a todos los comentarios que reciba. Procuraré, sin embargo, que nuestra comunicación sea recíproca. Y no olvidéis que, con ignorancia de lo que soy y represento, la propaganda de la dictadura, primero, y la del PSOE, después, han hecho todo lo posible para que las ideas de ruptura democrática y República no estuvieran vinculadas a una persona al margen de los partidos políticos.