El paro judicial convocado para una sola jornada, 18-F, hecho insólito en la historia de la judicatura española, pone una vez más al descubierto la cínica insolencia del Gobierno, la ilegal y contradictoria doctrina del CGPJ, el soberbio engreimiento de la “Asociación Profesional de Magistrados” (APM) y el aristocratismo vertical de “Jueces para la Democracia”. La falta de criterio objetivo, y el desconocimiento del derecho, se extienden a toda la sociedad mediática, donde nadie analiza y denuncia las cuatro sinrazones oficiales u oficiosas que pretenden deslegitimar ese legítimo paro. Es cinismo descarado que el Ministro de Justicia, siguiendo el oportunismo legislativo de una Transición que reprime en lugar de prevenir, anuncie una ley prohibitiva de la huelga judicial, para invalidar ¡por razones futuras de “legis ferenda”! la ya convocada. Es anticonstitucional que el CGPJ afirme la ilegalidad del paro ¡de un solo día! porque vulnera o merma el derecho a la tutela judicial efectiva, cuando tal derecho está exclusivamente concebido para el justiciable individual, ante un fallo violador de sus derechos procesales. Y es suicida su relativismo jurídico, que condiciona ese derecho constitucional a la buena voluntad del poder político, alegando que no es momento de hacer huelga cuando hay diálogo abierto con el Gobierno. Lo cual presupone que si esa divina puerta estuviera cerrada, la huelga no vulneraría la Constitución, y sería legítima. La ilusa APM acusa a las dos asociaciones partidarias de la huelga del 18-F de “repudiar la unidad judicial”, con “desprecio” de todos los jueces y magistrados (nostalgia del corporativismo franquista), y de “defraudar” a los españoles que dieron crédito al mensaje conjunto de las asociaciones, ya que un cambio de posición “deslegitima” al colectivo judicial ante una ciudadanía que le exige particular serenidad de ánimo. ¿Se puede ser más tonto? Los españoles no creen ya en nada. Temen sin motivo de temor, esperan sin esperanza y votan sin elegir, porque el cambio de posición, la renegación de sí mismo, ha sido ley suprema de la Transición. Sin independencia del colectivo judicial, no hay otra particular serenidad de ánimo que la de abyección ante el poder. Lo raro es que la mayoría de ese colectivo haya comprendido que, en esta oligarquía de partidos, nada justo se otorga y todo ha de conquistarse. El verticalismo sindical de “Jueces para la Democracia”, de ideología orgánica, condena a los que renuncian a defender la carrera judicial en el exclusivo seno de las asociaciones. florilegio "Sin democracia, las instituciones depravan más que el miedo y el vicio."