Patricio Alwin, el presidente del primer gobierno de la Concertación chilena, se aprestó a conjurar la amenaza de una vuelta de los militares al poder, mediante una política basada en “una justicia en la medida de lo posible”. Antes, desde el país que pretendía exportar su infame modelo de transición al mundo entero, ni siquiera esa clase de justicia pudo ser aplicada a notorios criminales franquistas. La prestidigitación oligárquica impuso al sucesor del dictador en la jefatura del Estado de partidos. El rey, durante la función del 23-F, cimentó su “legitimidad” presentándose como el salvador de unas libertades contra las que él mismo había conspirado, tal como explicaba en numerosos círculos íntimos, el recientemente fallecido Sabino Fernández Campos.   Pero en esta monarquía de partidos ajena a la justicia, la simple aplicación de su código penal puede conducirla al colapso, si a falta de un movimiento de manos limpias como el italiano, personajes tan endiosados como Garzón introducen sin descanso el bisturí judicial en la corrupción política. No sólo en las fértiles tierras valencianas, sino también en el oasis catalán –más bien charca catalana-, proliferan los chanchullos y latrocinios de los “conseguidores” del régimen. Alcaldes, concejales, y cargos autonómicos del PP, PSOE y CiU, unidos por el reparto consensuado del botín, y juntos en una larguísima cuerda de presos. Los santos custodios del espíritu de la transición a la oligocracia, vuelven a alarmarse del nivel de una corrupción que “amenaza con arruinar la imprescindible confianza de los ciudadanos en las instituciones” señala en un editorial, “El País”, que acierta a descubrir una “suerte de partitocracia que, superando los cortafuegos institucionales, y convirtiendo lo público en patrimonio privado, sustituye al Estado” mero “objeto de rapiña”.   Entresacada de un poema de Juvenal que destila misoginia (ni encerrando a la mujer bajo llave, vigilada por celadores, será fiel), la frase “quis custodiet ipsos custodes” (¿Quién vigila a los vigilantes?) ha pasado a usarse en el plano político para advertir del peligro de unas autoridades que ejerzan un control no sujeto a control. En España, la falta de controles recíprocos que prevengan y castiguen adecuadamente los abusos y corruptelas del poder, garantiza una permanente deslealtad institucional, digna de la mayor desconfianza y de la más pronta desaparición.     "A pure theory of democracy"     Publicada la traducción inglesa de "Frente a la gran mentira"