Primero fue la puesta en escena del Presidente de la Generalidad de Cataluña arengando a los miembros del Consejo de Garantías Estatutarias sobre las bondades del Estatuto como si fuera una Constitución, en la que se siguió paso a paso la liturgia del Estado de Partidos al que imitan en su organización. Después fue el presidente de CiU, Artur Mas, proponiendo al resto de partidos políticos catalanes pactar un “Plan B” por si el Tribunal Constitucional lamina el Estatuto, en el que se incluiría el traspaso de más competencias, como la gestión completa de los aeropuertos y la firma de un concierto económico, a imagen y semejanza del que disfrutan el País Vasco y Navarra, rechazaron en el pasado por considerarlo un instrumento fiscal obsoleto.   Ahora son los periódicos locales “catalanes”, en nombre de la opinión pública catalana (como si allí no se comprasen periódicos de tirada nacional), los que firman un editorial pronunciándose, como se hacía en la España del siglo XIX, sobre los peligros de una sentencia contraria a una parte del Estatuto y sobre las posibles “cirugías de hierro que cercenen de raíz la complejidad española” y maniobras “para transformar la sentencia (….) en un verdadero cerrojazo institucional” al deseo de “autogobierno de un viejo pueblo europeo” y demás demagogias nacionalistas al uso. Todos están poniendo su granito de arena para condicionar el resultado así que no se trata de una mera opinión al abrigo de la libertad de prensa. Estos acontecimientos ratifican lo que, desde hace mucho tiempo, se viene escribiendo en estas páginas acerca del carácter político del Tribunal Constitucional, así como de su innecesaria existencia (sus competencias deberían estar residenciadas en el Tribunal Supremo).   Se han dado tantas alas a los sátrapas periféricos, con la excusa de acercar la Administración a los ciudadanos (precisamente hoy día en la era de las telecomunicaciones, de la administración electrónica y de la globalización) que ahora se enervan por no poder tener algo más. No sólo desean que las normas emanadas de su Parlamento regional sean intocables por los órganos jurisdiccionales del Estado. ¡Qué importa el paulatino vaciamiento estatal! Si de esta guisa España se convierte en un “Estado fallido” o un engendro confederal, ellos quieren estar preparados para sustituirlo en ese trozo del territorio. Por eso les duele el posible recorte de su Estatuto que les garantiza la supremacía sobre todas las demás Comunidades Autónomas, el trato con el Estado en pie de igualdad y un paso más a sus “fantasías soberanistas”.   Al final esta escalada de presiones conducirá a más competencias del Estado transferidas para acallar voces y éste continuará por el camino de la autodestrucción.