El orden público de las sociedades rurales era complementario del orden privado inculcado, desde la infancia, por padres de familia y maestros al colectivo social. Policías y jueces corregían los fallos del sistema. A comienzos del XX, el modelo francés de magisterio y bachillerato era paradigmático en Europa. La industrialización, la concentración urbana y las guerras socavaron las bases naturales y civiles del orden público, inclinándolo al orden del Estado autoritario. Su derrota bélica no fue acompañada de reflexiones para cambiar aquel sistema parlamentario que dio paso fácil al totalitarismo, y no respondía a las bases estructurales de la sociedad industrial. Los reencuentros de Ginebra (1947), proclives a la restauración del parlamentarismo; la creación del Estado de Partidos como expediente para la reconstrucción y la guerra fría; el fracaso de las rebeliones juveniles de mayo de 1968 y la crisis energética, indicaron la muerte de intelectuales, partidos, estudiantes, ideologías y confianzas en sí mismo de individuos y sociedades. El consenso aniquiló la idea política; la privatización, la idea de bien público; la productividad -aplicada a policías, jueces y enseñantes-, las ideas de servicios y funciones públicas. Por fin, el consumismo y la especulación, resultantes de la destrucción de todos los ideales y valores, hicieron estallar el sistema económico-político, con una crisis de tal magnitud que ni siquiera los teóricos de las revoluciones anticapitalistas pudieron imaginar.   Sin tener presente la síntesis evolutiva del pasado al presente, no se puede comprender que policías, jueces, profesores, investigadores y estudiantes se rebelen al mismo tiempo, con manifestaciones y huelgas, sin que parezcan motivados por los efectos de la crisis económica, contra un tipo de Autoridad que les impone criterios de productividad y de eficacia mercantil para juzgar, reprimir, enseñar, inventar y aprender, en un Estado de partidos corrompidos que ha sido incapaz de promover la productividad en el campo de la economía. Sean o no conscientes de ello, los planes de reforma de la policía, la judicatura y la enseñanza tienden a conseguir los mismos efectos de rendimiento que obtendrían si fueran privatizados. La creación de la Oficina judicial, la aplicación en la Universidad del proceso de Bolonia tras dos años de bachillerato sin laurel, la discriminación autonómica de los aparatos de orden público, se inspiran en el modelo de la gran empresa privada, hoy en crisis, que no supo alejarse de la tentación especulativa a que fue empujada por el capitalismo financiero.   florilegio   "La identidad de efectos identifica causas políticas que se creen opuestas."