El pasado día 12 de Noviembre cuatrocientos abogados del Turno de Oficio se encerraron en la sede del Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) como protesta por el impago de los treinta y un millones de euros en que se cifra la deuda por la asistencia jurídica prestada por estos profesionales. A día de hoy se encuentran pendientes de pago por entero los honorarios del año en curso, y si los letrados perciben algún tipo de ingreso es gracias a las líneas de financiación que el Colegio tiene concertadas con entidades de crédito que permiten su anticipo parcial. La situación será crítica cuando el ICAM alcance su nivel máximo de endeudamiento si la Comunidad no ha comenzado a abonar los conceptos pendientes. En la protesta, en la que estuvo presente el Decano de Madrid, los defensores advirtieron de la posibilidad de un paro total si la Comunidad de Madrid no toma medidas. Según éstos, la actual situación, que llevará a la quiebra a multitud de pequeños despachos, tiene en el Consejero de Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, D. Enrique Granados, a su principal responsable. Las puntuales movilizaciones del año pasado quedaron sofocadas con la promesa de Granados de regularizar los pagos y revisar los baremos retributivos, que son los establecidos en el año 2.003. Según los Abogados de Oficio, ninguna de las promesas ha sido cumplida. La protesta se recrudece en el mismo momento que la Comunidad de Madrid decide parar, por ausencia de fondos para su ejecución, las obras de la Ciudad de la Justicia de Madrid, lo que acentúa aún más las sospechas de los Letrados de que tardarán aún tiempo en satisfacerse sus pagos.   La dependencia económica de la Justicia de la actuación burocrática del Estado central o de las comunidades autónomas, abocan al sometimiento de la actuación de todos los operadores jurídicos a decisiones de orden político, puesto que en el financiero el desempeño de su función depende de la asignación de prioridades presupuestarias. Este ejemplo nos muestra la indispensable necesidad de independencia económica de la justicia, extendiéndose y afectando aún más allá de los funcionarios de la Administración de Justicia, quienes sufren además de la económica, la dependencia orgánica y funcional del poder político. El Turno de Oficio, como elemento clave para garantizar efectivamente el elemental derecho a la defensa de todo justiciable, debe depender organizativa y económicamente del Tribunal Superior de Justicia al que pertenezca la sede judicial donde se sustancia el conflicto, que contaría para ello con su propia asignación presupuestaria delegada por un órgano de Gobierno de los Jueces separado en origen del poder político y financiado autónomamente mediante un presupuesto determinado por una proporción invariable del General del Estado, eliminándose así el inasumible control político y financiero del Ministerio de Justicia o Consejerías autonómicas.