La razón de Estado nació en el renacimiento florentino, como hecho en el siglo XV y como concepto en el XVI, para legitimar en la sociedad la dominación del poder legal por la potencia económica, por el dinero. Lo político fundó el Estado moderno. Lo económico, la política. El poder de los políticos hace las leyes, y la potencia económica constituye los poderes políticos. El abuso de poder es consecuencia de esta relación.   El patriotismo de partido es el principio destructor de las inteligencias individuales, y en las partidocracias, la semilla de la razón de Estado, la obediencia sin necesidad de argumento. Su flor es el secreto de Estado. Su aroma, la fétida descomposición de lo auténtico, los crímenes inconfesables cometidos en su nombre, o en nombre de otra bandera falsa. La razón de Estado es enemigo natural de la verdad y de la libertad. Es la razón del principio de Autoridad para exigir obediencia sin necesidad de argumento.   “Solamente donde la auto-conservación pueda darse la mano con la auto-contención, cabe abordar esta relación de forma inteligente; solamente allí donde la propia supervivencia del poder aconseje limitar el ámbito de su dominación, puede la Sociedad frenar la marcha implacable de la razón de Estado. Porque la razón de Estado, si de algo puede dar razón, es de la congénita maldición a la que no puede escapar el poder: sustento del Derecho, pero siempre abocado a vulnerar el Derecho” (Juan Sánchez, Diario español de la Republica Constitucional, 11 febrero 2010).   El Estado de Partidos, suprema expresión de la razón de Estado en el monopolio de la violencia legal, hace imposible que la Sociedad pueda establecer instituciones políticas que la proscriban definitivamente a los libros de historia. Garantiza el abuso de poder y asegura la irresponsabilidad política. Es sinónimo de impunidad. La imposibilidad de confesar el terror institucional se convierte en puro cinismo cuando es el propio terror el que encabeza las manifestaciones antiterroristas.   El abuso de poder, que es facultad legal más potencia, traduce una ecuación matemática que las estadísticas podrían cuantificar. La corrupción es directamente proporcional a la parte de potencia no transformada en poder controlable, es decir, totalmente institucionalizado dentro de un verdadero sistema constitucional.   Lo inmediato es reivindicar la nacionalización o re-publicación de los secretos y la razón de Estado.