El suave movimiento de protesta corporativa de los jueces, con amenaza de huelga general, está lastrado por el temor de que sus justificadas peticiones al Gobierno, para lograr una mayor eficiencia técnica de la función judicial, no sean bien acogidas, y ni siquiera comprendidas, por la sociedad civil. Ese temor está fundado en causas reales. En primer lugar, no existe una opinión pública distinta de la fabricada por el gobierno y los medios de mayor influencia. Y esta sedicente opinión pública es adversa a toda forma de rebelión judicial. En segundo lugar, el motivo subjetivo que desencadenó la reacción corporativa, la defensa del juez Tirado, extraña a la conciencia moral objetiva y tiñe al movimiento judicial de oportunista corporativismo. En tercer lugar, aunque su sueldo no corresponda a la dignidad ni a la trascendencia de su función, la judicatura forma parte de la élite social, de la clase dominante y, en esta Monarquía de Partidos, sean o no conscientes de ello los jueces, también de la clase gobernante. La única diferencia con los partidos es que no pertenecen a la clase reinante. Y la sociedad, ajena a estas disputas internas entre elementos estatales, mira la protesta judicial con la indiferencia o el malestar que la causaría la de cualquier otro sector de la administración pública. En cuarto lugar, y esto es lo decisivo, lo único que la sociedad civil apoyaría con entusiasmo seria un movimiento judicial por la independencia de su función, contra la sistemática injerencia del poder ejecutivo. La última, el uso de la escandalosa doctrina Botín, para impedir que se juzguen conductas ilegales de oligarcas de partidos vascos. Y esta reivindicación no figura en la lista de peticiones judiciales.   Resultaría evidente para todos que una reivindicación corporativa de la independencia judicial ya no sería vista, por nadie, como una rebelión de jueces serviles, para mejorar las condiciones materiales de su trabajo, y eliminar por completo el criterio de la productividad, incompatible con todos los procesos mentales que requieren excelencia para poder averiguar la verdad fáctica, reflexionar sobre las normas y juzgar la pertinencia de su aplicación a situaciones concretas. Esa reivindicación cualitativa, requisito sine qua non de la dignidad judicial, entrañaría el comienzo de una revolución política por la separación de poderes estatales, que arrastraría consigo a toda la parte sana y laocrática de la sociedad, hasta conseguir la transformación pacífica de la oligarquía de este Régimen partidocrático en verdadera democracia, con garantía institucional de la libertad política.   florilegio "Ser rebeldes es cosa de niños y de adultos orgullosos de su inmadurez. Las almas revolucionarias se dignifican moviéndose por la libertad de todos."