El Estado, en las manos sucias de los partidos, aparte de ser el patrón de millones de funcionarios asalariados y el deudor de los pensionistas, se ha convertido, merced a las subvenciones, en una formidable máquina de silenciar voces críticas en los medios de comunicación y de domesticar voluntades reivindicativas en los sindicatos. Éstos, ante los cantos de sirena gubernamentales acerca del retraso en la edad de jubilación, no han tenido más remedio que convocar, tímidamente, una manifestación. No obstante, un condescendiente Zapatero promete que, antes de tomar una decisión sobre la reforma de las pensiones, “escuchará a los trabajadores”, ya que su Gobierno mantiene la delicadeza de no recurrir a los “decretazos”. Calificar a UGT y CCOO de “agentes sociales” es un eufemismo: como las fuerzas de policía, son agentes de la autoridad estatal para la conservación del orden social.   Antes de que los sindicatos estuvieran definitivamente subsumidos en el Estado, a los Partidos que lo regentan, y que actúan como gerentes de una economía dominada por los tecnócratas, les interesó propagar, a través de sus canales propagandísticos y sus terminales mediáticas, la doctrina anarquizante de una acción sindical apolítica, es decir, que no sea contraria al Gobierno de turno partidocrático.   Aunque el apoliticismo sindical es un mito, dada la naturaleza política de unas huelgas masivas que tenían como destinatarios de la protestas a las autoridades públicas, en realidad, sólo en el sindicalismo tardío del anarquismo mediterráneo, encontramos una veta contraria a la acción política parlamentaria. El sindicalismo original inglés, tanto el de los obreros industriales del Noroeste como el de los artesanos de Londres, organizó las primeras Trade Unions como reacción a la ley electoral de 1832 que estableció un “censo de elegibles” con el fin de impedir la entrada de los candidatos obreros al Parlamento. La misión histórica cumplida por los partidos de izquierda ha sido evitar que el sufragio universal diese mayorías obreras en los Parlamentos. Todas las conquistas de la clase obrera han sido conseguidas en los hechos sindicales antes de que los partidos las convirtieran en derechos sociales.   Los sindicatos de origen marxista han renunciado a su legitimación democrática, apoyando el fraude electoral de las listas de partido y el descontrol del poder, y se han desviado de su derrotero histórico, confiando su destino a la demagogia del PSOE-PP o sociedad limitada de consensos y socorros mutuos, que ha apoyado continuamente una política económica de crisis, favorable al capital financiero y perjudicial a las clases industriales.