Una larga y atroz disgregación de la autoridad local ha dejado las extensas aguas territoriales somalíes no sólo expuestas al vertido masivo de basura radioactiva, escoria industrial y desechos químicos de todo el mundo, sino también, abiertas a las más grandes flotas pesqueras, que faenan en ellas sin temor a la aparición de guardia costera alguna. Pero desde hace unos años un creciente sentimiento de peligro ha ido turbando la quietud de ese paraíso de esquilmadores. Ahora hay una clara amenaza indígena sin patente de corso.   Estos filibusteros del Cuarto Mundo apresan embarcaciones y secuestran a las tripulaciones con el fin de obtener sustanciosos rescates, que los distintos gobiernos involucrados han ido negociando y desembolsando, aparte de movilizar a sus armadas para evitar nuevos abordajes. En este sentido, la Unión Europea puso en marcha la operación “Atalanta”, en cuyo marco una fragata española capturó a dos bucaneros implicados en el asalto del “Alakrana”. Ojo avizor, el ubicuo Garzón no ha considerado competente la jurisdicción más próxima (si no es la de Somalia por falta de garantías, podría ser la de Kenia, con la que España ha firmado un convenio para la entrega de piratas), que es a la que han recurrido los demás países, y en otra de esas iniciativas que le seguirán granjeando fama mundial, ha ordenado que los somalíes sean sometidos al rigor de la justicia española.   Al margen de las insólitas maniobras garzonianas, urge encontrar la forma de liberar a los tripulantes del atunero, cuyas angustiadas familias reclaman a unos políticos irresponsables que actúen de la manera más juiciosa. Que los secuestradores, además del dinero, exijan la vuelta de sus compinches, parece haber sumido en un dilema hamletiano al conglomerado partidocrático, como si los procedimientos judiciales siguieran un curso que la conveniencia política no pudiera alterar jamás. Cuando desde la Audiencia Nacional señalan que no hay base legal para impedir que la instrucción de este caso siga adelante y desde el Gobierno afirman que el retorno de los piratas es un “asunto técnico y jurídicamente muy complicado”, olvidan los privilegios que reporta la no separación de poderes: pueden hallar cientos de subterfugios en un derecho público que enseña a los oligarcas hasta qué punto pueden violar la justicia sin comprometer sus intereses.     "A pure theory of democracy"     Publicada la traducción inglesa de "Frente a la gran mentira"