Sin democracia, los asuntos de mayor importancia se solventan entre bambalinas. La filtración judicial se convierte en orientación de la masa sin verdadera opinión pública, que sin criterio se identifica así con la opinión publicada. Cuanto más afecta al armazón de la arquitectura estatal, más se esconde en los bastidores del apaño secreto. Y si el escándalo socava los pies del gigante de barro partidocrático, el secretismo se eleva a Razón de Estado. Las negociaciones de los pactos de gobierno entre los partidos son por eso secretas, los programas políticos también son secretos y la agenda azul ministerial es el secreto mejor guardando del presidente del gobierno in pectore.   Informa “El Confidencial” de las reuniones mantenidas durante las últimas semanas con la más absoluta reserva entre el Jefe de la Casa del Rey, D. Rafael Spottorno, y el Presidente del Consejo General del Poder Judicial D. Carlos Dívar, que no olvidemos preside igualmente el Tribunal Supremo, para intentar solventar la situación procesal del yerno del Rey. No hay mejor prueba que este secretismo de que la trama de corrupción montada alrededor del Instituto Nóos y sus empresas satélite puede llevarse por delante no sólo al Duque de Palma, sino sobre todo, la credibilidad de la institución monárquica, levantándose el tabú mediático cristalizado en pacto de silencio.   El hombre de confianza de Don Juan Carlos ha trasladado al Sr. Dívar según esta fuente su “honda preocupación” por la dilación de la investigación judicial y sus efectos perversos en la imagen de la corona. El juez instructor con sospechosa cautela y cuidado de saber por dónde pisa, ha imputado ya al número dos de Urdangarín, D. Diego Torres, pero ni siquiera ha llamado a declarar en concepto alguno al Duque de Palma. La confusión y nerviosismo que cunden en La Zarzuela han envenenado incluso las relaciones personales entre los miembros de la familia Real y han empujado a Spottorno a consultar “discretamente” con el máximo responsable de la judicatura las consecuencias penales e institucionales de la más que posible imputación del yernísimo.   Preguntada sobre la realidad misma de estos contactos, la portavocía del CGPJ no los confirma ni desmiente expresamente, sino que señalan que Dívar “mantiene contactos habituales con todas las altas instituciones del Estado”, lo que equivale poco menos que a su reconocimiento. Las presiones de Spottorno, según el diario que destapó la noticia, se dirigen a trasladar al más alto responsable de la vida judicial la inquietud del monarca para que se dé rápida solución al asunto, mostrando su malestar por el hecho de que la tardanza del juez en citar a Urdangarín no solo impida el ejercicio efectivo de su derecho a la defensa, sino que propicia que aumenten los juicios públicos paralelos para descrédito de la regia institución.   Los que conocen la práctica judicial diaria saben de los perjuicios que una justicia lenta causa a los justiciables por la pendencia de sus asunto, pero claro, no suelen tener acceso al Sr. Dívar para favorecer su marcha.