Cumplidos tres años de pendencia en el Tribunal Constitucional del nuevo estatuto catalán, los apremios de la oposición estatal provocan la inquietud gubernamental, que ve como no le salen las cuentas en las repetidas votaciones sobre innumerables borradores. La fidelidad de los magistrados designados cotiza al alza en el mercado de la injusticia de poderes inseparados y los criterios de oportunidad prevalecen sobre los de razonabilidad sin ya el menor recato. Mientras, el bruto Caamaño afirma públicamente que en estos tres años el Estatuto está funcionando y la catástrofe no ha tenido lugar. Si el consenso es lo contrario a la política y a la Justicia, cuando aquel se erige en piedra de toque de lo pseudojudicial y eje de la legalidad vigente, el equilibrio matemático de fuerzas opuestas o las sinergias coyunturales de los afines, llevan necesariamente el bloqueo institucional.   La hipocresía del régimen pretende convencer a la opinión pública de que el retraso es causado por la simple acumulación de asuntos a resolver y la complejidad técnica de la cuestión, cuando en realidad se trata de pura matemática en la suma de magistrados pro y contra gubernamentales. La práctica forense nos muestra lo poco que se puede tardar en decidir “en derecho” ilegalizar a un partido o resolver la impunidad de delincuentes económicos cuando resulta conveniente y consensuado. Sin preponderancia clara en el Órgano ni consenso, su parálisis sólo puede interrumpirse por la acciones de los mismos elementos externos que ascienden a la Magistratura a los integrantes del TC, es decir de los partidos políticos. De la misma manera que era impensable la valentía de decidir sobre la materia en época electoral, como expresamente reconoció el propio TC, una vez pasada ésta, el casi empate aritmético impide el parto de los montes en ausencia de consenso partidista.   La solución en la lógica infame del Estado de partidos sólo puede pasar por la sustitución física de los miembros del Tribunal Constitucional, lo que es imposible a menos que ocurra alguna desgracia personal, o la aplicación del rodillo de la mayoría rompiendo la estética del consenso en virtud del voto de calidad de su Presidenta, Dña. María Emilia Casas, acostumbrada ya a las públicas reprimendas del ejecutivo. El voto particular será entonces el reflejo de la pataleta de la oposición, argumento moral último del perdedor en la batalla partidista del control institucional. Y así la montaña parirá un ratón.     "A pure theory of democracy"     Publicada la traducción inglesa de "Frente a la gran mentira"