La sustitución de la incertidumbre que suponía la protección de la familia, de las instituciones religiosas y de los ayuntamientos míseros por la certeza de la providencia pública realizada por el Estado transformó la beneficencia en seguridad social. Las experiencias llevadas a cabo en la Alemania de Bismark con los seguros sociales, las reformas de la seguridad social inglesa (“Informe Beveridge”), el “compromiso histórico” que tuvo lugar en Suecia entre el capital y el trabajo y las intervenciones sectoriales del Gobierno federal norteamericano para salir de la crisis (“New Deal”), fueron calando en la sociedad hasta llegar a la formulación de la “ecuación keynesiana” en la que confluían la preocupación liberal por el crecimiento económico y la socialista por asegurar la redistribución de la renta.   La fórmula parecía mágica y ningún gobierno discutió durante mucho tiempo las recetas keynesianas. Todo el mundo aceptaba la economía mixta para corregir los fallos del mercado y aplicaba recetas socialdemócratas.   Pero el crecimiento constante del gasto público movido por el incremento de las burocracias, por las demandas de toda clase de bienes y servicios propiciada por los mismos gobernantes y por la inercia del propio presupuesto que no refleja demandas actuales de los ciudadanos sino obligaciones arrastradas de gobiernos anteriores, han desembocado en una crisis de gobernabilidad (no se puede atender a una demanda ilimitada) y en una sobrecarga del Estado para los mismos ciudadanos (exceso de oferta de bienes y servicios con la única finalidad de captar votos).   Los argumentos contra el Estado de Bienestar se difundieron como el fuego en un reguero de pólvora. El liberalismo sacó todas sus poderosas armas analíticas para diseccionar los fallos del Sector Público: la falta de incentivos para invertir o trabajar, la improductividad de las burocracias, la ineficacia y ineficiencia en la asignación de los recursos, los niveles confiscatorios de algunos tributos y la negación de la iniciativa individual. Los neo-marxistas esgrimieron que el crecimiento del capitalismo intensificaba la tendencia a la superproducción y ésta conducía necesariamente al paro; entonces el Estado intentaría disminuir los efectos de la crisis aumentando progresivamente sus gastos, sin aumentar los impuestos, y esto le llevaría a una crisis fiscal. Y si nuestra clase política nos advierte de un futuro incierto debido a la disminución de la población activa, el sostén de las finanzas del Estado, con el objetivo de inocular el miedo en los ciudadanos para que asuman la posibilidad de no recibir las prestaciones actuales, muchos se preguntan: ¿Qué legitimidad tiene el Estado?