Cincuenta y cinco personalidades políticas internacionales están elaborando un diccionario de términos políticos (Diccionario de ideas para el progreso). Cada una de ellas ha sido encargada de definir un término, por ejemplo: “capitalismo verde”, “trabajo decente”, “pobreza” o “cambio climático”. El cabeza de lista del PSOE por Madrid para las elecciones legislativas del 20-N, Rubalcaba, ha sido designado para definir el término “democracia” en el diccionario mencionado. Pero lejos de abordar la tarea de su definición comete la insensatez de confundirla con la justicia social. Esto es imperdonable en alguien que aspira nada menos que a ser Presidente del Gobierno de España. Como todo el mundo sabe la democracia es una forma de gobierno mientras que la justicia social constituye el ideal de la doctrina social de la iglesia desde León XIII. La democracia es el conjunto de las reglas del juego político que garantizan tanto la representatividad del sistema como la separación en origen de los dos poderes políticos y la independencia de la justicia. Pero pocos recuerdan que la justicia social es una forma particular de entender la justicia distributiva, para disminuir las diferencias de situación económica entre los muy ricos y los muy pobres. La expresión “giustizia sociale” fue acuñada por el jesuita italiano Luigi Taparelli en 1843. Su tesis es que la justicia social debe igualar a todos los hombres en los “derechos de humanidad”. A fines del siglo XIX, el término "justicia social" (social justice) se usó por los socialistas fabianos para realzar el sentido ético de las reformas favorables a las clases más necesitadas. El concepto de justicia social fue adoptado enseguida por la socialdemocracia del Partido Laborista y algunos sectores liberales. En Francia, el propio Jean Jaurés, dirigente del Partido socialista, tomó la idea de justicia social para dar carácter pacifista al socialismo marxista. La Organización Internacional del Trabajo (OIT), creada en 1919, incorporó la justicia social como fundamento de la paz universal. En 1931, la Encíclica Quadragesimo anno de Pío XI cimentó, con ese propósito político, la Doctrina Social de la Iglesia. Teniendo en cuenta estos antecedentes históricos de la justicia social, la idea de vincularla a la democracia patentiza no solo el carácter reaccionario de toda vuelta al pasado, sino también su dependencia de una idea religiosa de la justicia como derivada de la caridad cristiana. Y no menos extravagante ha sido su pretensión de identificar la democracia con la participación directa del pueblo en la política, en detrimento de la única posibilidad de democracia en las grandes sociedades, que es la democracia representativa. Para Rubalcaba el colmo del progreso es precisamente el colmo del regreso: un paso de retorno a fines del siglo XIX y otro paso a la democracia del siglo V antes de Cristo.