Durante la presentación de los resultados de 2009 que arroja la lucha contra el fraude en materia laboral, el Ministro de Trabajo cifró el “trabajo en negro” de la economía española entre el 16 y el 20% del PIB, y reconoció que “las actividades irregulares suelen incrementarse en tiempos de crisis”. Inmediatamente el Secretario de Estado de Economía y después la Ministra salieron a la palestra para descalificar esas afirmaciones y decir que esas cifras "no son datos", no tienen ninguna base científica ni hay estimaciones sobre las dimensión de la economía sumergida en España ni en los países de nuestro entorno. La Vicepresidenta del Gobierno terció en el combate y manifestó, con un voluntarismo bobalicón, que “el dinero negro y sus usos tienen los días contados”. Niegan la realidad, confunden lo oficial con lo real y así no tienen que dar explicaciones.   Pero las estimaciones de ese fenómeno social se realizan por instituciones internacionales (OCDE, OIT, Banco Mundial), Universidades y Centros estadísticos, que en muchos casos sitúan esa realidad por encima de aquella dimensión. Y la Unión Europea, cuyo presupuesto depende de las recaudaciones nacionales del IVA y de un porcentaje del PIB, está muy interesada en conocerla. Hace más de un año el presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) manifestó que "en España había cerca de un millón y medio de “trabajadores fantasmas” sin tributar impuestos o cotizar a la Seguridad Social. Quizás sea el precio que esta sociedad hipócrita debe pagar para evitar el ruido de cacerolas.   Esta economía sumergida, como conjunto de transacciones realizadas al margen de las regulaciones del Estado, se manifiesta en: prestación de servicios sin contrato, ventas sin licencia, remuneraciones opacas, trueques, pagos en negro, pagos en gris (una parte en factura o contrato y otra en dinero en negro), remuneraciones en especie, apuntes de doble contabilidad y otras muchas formas. A todas ellas hay que añadir las actividades relacionadas con el narcotráfico, la prostitución, el trafico de armas y las finanzas escondidas en paraísos fiscales.   En vez de negar la realidad y demonizar toda actividad no controlada por ellos, los dirigentes políticos deberían reflexionar sobre las causas del alejamiento de una parte de la sociedad civil de los poderes del Estado y sobre las grandes dimensiones que está adquiriendo en nuestro país. ¿No serán los poderes públicos con sus excesivas cargas fiscales y reglamentaciones (cuotas de la Seguridad Social y tributos del Estado y de los Municipios; permisos, licencias y concesiones administrativas; y otras rigideces) los causantes de su auge?