La Ley electoral reformada para el 20 de noviembre ha impedido que 184 candidaturas, listas de partido que aspiran a conseguir su estatus estatal, puedan presentarse a las elecciones generales. El 15-M se ha quedado sin otra opción que la preparada para ellos por la partidocracia: votar a la Izquierda Unida del inversor de los mercados Gaspar Llamazares, o la única forma digna de encauzar la indignación: la abstención electoral.   El monopolio de la acción política lo ostentan los partidos que subvenciona el estado. La última reforma electoral se ha producido para neutralizar la iniciativa del movimiento 15-M, pero no porque recoja sus demandas, sino para impedir que lleguen al parlamento. La exigencia de firmas que avalen las listas de partidos sin representación en el Congreso, el 0.1% del censo a recoger en veinte días en cada circunscripción, impide que no tengan siquiera derecho a las concesiones para realizar campaña en los medios. El mismo partido UPyD al que pusieron muchas trabas, aunque todavía no de tipo legal sino de alcance ejecutivo, como el hecho de carecer de listas impresas disponibles en muchos colegios electorales en las anteriores elecciones legislativas. En aquella ocasión consiguió que ayudaran en su campaña elementos de la sociedad, descontentos con los partidos dominantes, y también otros partidos pequeños no estatales que vieron en el nuevo partido una utópica posibilidad de regeneración. Rechazó sin embargo que el partido Ciudadanos de Cataluña formara una coalición con ellos porque eso significaría, una vez en el Estado, compartir una parte del poder adquirido. Pero UPyD ya forma parte de la oligarquía de partidos estatales, ya no sufre hoy esa discriminación.   La vía reformista no puede afectar a la naturaleza del poder constituido que se pretende reformar. La energía reformista es la misma energía corruptora del régimen. Los partidos que pretenden la reforma se alimentan de la misma corrupción moral que los convierte en estatales, separándolos de la sociedad de donde emergen. Hoy es más evidente que ayer que la única manera realista de cambiar la política es la abstención electoral. Es el camino pacífico para cambiar la naturaleza oligárquica del poder estatal para instaurar un Estado libre, para cambiar de Constitución. Y para ello necesitamos todas las energías disponibles fuera del Estado. Sólo la deslegitimación de los partidos estatales mediante la abstención abrirá la puerta a un periodo de Libertad Constituyente que culmine con el necesario cambio de Constitución.