La  dimisión  en  bloque  del  Gobierno   belga –porque su Tribunal Supremo ha visto indicios, no pruebas, de que el poder ejecutivo presionó al tribunal de instancia para que dictara sentencia favorable a la validez de la venta del banco Fortis al banco francés BNP Paribas, sin acuerdo de la junta de accionistas- es un hecho extraño en los Estados de Partidos. Aquí llama la atención que aquel Tribunal haya denunciado las injerencias del abrasador brazo del Gobierno en la justicia. Alguna prensa ignorante lo atribuye a que allí existe separación de poderes. Eso no es verdad. La Monarquía belga, tan falsa constitucionalmente como la española, no separa en origen los tres poderes del Estado. Los escándalos de corrupción política son frecuentes.   La honestidad del TS belga se explica, en este caso concreto, por la distinta moralidad rigorista de la ética protestante en asuntos públicos, respecto de la laxa moral católica, y por el enconado enfrentamiento nacionalista entre los habitantes en territorios valones y flamencos, de lengua y religión diferentes. La corrupción en los Monarquías bálticas es menor que en las naciones católicas y que en la cristianísima Monarquía leopoldina. Muchos magistrados flamencos tienen resortes calvinistas que les permiten resistir incólumes al acoso del degenerado pragmatismo de los partidos estatales y del poderoso entorno económico que lo sostiene. Además, una cosa es la naturaleza material de la corrupción y otra de distinta dimensión espiritual el desprecio de sí mismo que implica la indignidad judicial. Esta última es casi desconocida en los pueblos europeos que arrancaron la independencia judicial, al Soberano absoluto, antes de la Revolución francesa.   Todo Magistrado o Juez que se inclina ante el poder político o económico, absteniéndose de condenarlo, de llamarlo a estrados para no estigmatizarlo, de denunciarlo por la ilegalidad de que tenga conocimiento por razón de su oficio, lo sepa o no lo sepa, es un depravado enemigo de la sociedad, aun si no obtiene beneficio económico o profesional con su prevaricación. Si la mayoría de la magistratura española mantuviera algún resto de dignidad personal en el desempeño de su función, si comprendiera que su carrera, de naturaleza vocacional, es incompatible con la ambición de escalar puestos políticos en el Estado o grados de fama en la sociedad, la corrupción de la clase dominante sería mucho menor en España. Son los jueces quienes garantizan, en última instancia, la impunidad de los delitos de poder.   florilegio "En la dignidad se refugia la decencia o el decoro cuando se derrumban las vocaciones ideales. Un ser íntegro o justo no necesita ampararse en ella."