La adhesión al manifiesto editorial masivo “La dignidad de Catalunya” por parte del Colegio de Abogados de Cataluña (ICAB) ha tenido como respuesta el correlativo “La dignidad de la Abogacía”, fechado de 30 de Noviembre último y suscrito por doscientos colegiados de la misma Corporación en el que muestran su oposición a la postura colegial. La réplica de los profesionales que así se han visto “metidos en el saco” del apoyo incondicional al nuevo estatuto por su simple pertenencia a la Corporación es contundente cuando señala que “resulta intolerable que el Decano y la Junta de Gobierno del Colegio se arroguen la representatividad de la totalidad de los abogados de Barcelona en la realización de manifestaciones de estricto contenido político, careciendo de potestad estatutaria ni legitimidad de ningún tipo para ello. Ni el Decano ni el Colegio fueron elegidos para realizar manifestaciones políticas, ni en su programa electoral siquiera se contenía la menor referencia al estatuto y al recurso ante el Tribunal Constitucional”.   La respuesta de este grupo de Letrados resulta lógica al ver sustituida su propia opinión por motivo de pertenencia forzosa a entidad de derecho público, pero incurre en una debilidad argumental y jurídica indisculpable en quien hace de la Justicia su profesión al sustentar los motivos de su legítima protesta en el apoyo a la labor de un órgano de control político de la Justicia como es el TC *. ¡Como si la construcción jurídico-institucional de este Estado de poderes inseparados no presionara per se a una Justicia tan intensa e íntimamente intervenida por el poder político! Los abogados disidentes más que nadie tienen la obligación como juristas de saber que la labor del TC es servir de coartada jurídica última vistiendo de legalidad decisiones políticas como filtro de última instancia. El TC tan sólo adapta sus decisiones a lo que resulte oportuno conforme a una composición viciada de origen por la elección de sus miembros por la clase política. Sólo evitaría la triste situación frente a la que noblemente se alzan el cuestionamiento radical de lo que llaman “nuestro sistema institucional” diseñando ex novo una auténtica Justicia separada en origen funcional, orgánica y presupuestariamente. La vergonzosa pendencia a día de hoy en el TC del estatuto se debe no a una discusión jurídica, sino simplemente a la matemática de los votos de magistrados según el origen de su elección fruto de un consenso político.   Ese mismo origen inseparado de la Justicia convierte en realidad y no mera posibilidad las presiones que temen que se ejerzan en un futuro frente al Tribunal Supremo y otras instancias judiciales, no siendo hipótesis sino histórica y contrastada verdad, como fue su vergonzosa actuación en el caso GAL, so capa de estigmatización de los dirigentes políticos.