Bajo el manto y el pretexto de la crisis financiera, han comenzado los desmanes de los Estados contra los derechos civiles de sus súbditos. Esto sólo puede suceder donde no existen derechos ciudadanos que, por ser de orden político, hagan imposible la existencia de gobiernos no sometidos al control de la representación de la sociedad civil, en los Parlamentos. La barbarie del Gobierno argentino sólo cabe donde no hay democracia formal que separe los poderes del Estado. También en España, si la crisis económica llegara hasta el extremo de no poder atenderse los vencimientos de la deuda pública, que tanto crecerá con los Planes de rescate de la banca dañada por activos “basura”, y se hubiera agotado el arsenal de las armas fiscales contra los contribuyentes.   Por lamentable que sea el perjuicio ocasionado a las empresas españolas que operan en Argentina, especialmente a los Bancos con riesgo evidente de ser nacionalizados, no es comparable al daño causado a esos diez millones de pensionistas que, de la noche a la mañana, han visto burlada la confianza que pusieron en entidades privadas, depositarias de sus ahorros, para encontrarse, de repente, en situación de acreedores de un Estado que hace poco inventó el “corralito”, contra la libertad de disposición del dinero propio. Eso es lo que, de verdad, significa la nacionalización de las pensiones. Una simple apropiación de los activos líquidos depositados en las Administradoras de Fondos de Jubilación y Pensión (AFJP).   El quebranto de los depósitos es un delito, y no hay mayor quebranto que el de cambiar de depositario, sin el consentimiento de los depositantes, por la fuerza de un decreto del Gobierno. Si la crisis de liquidez argentina continúa creciendo, se llegará a una situación tan estrambótica que, en caso de quiebra del Estado, cosa vislumbrada en tiempo reciente, la masa de acreedores privados, de los ahorradores que se precavieron para tiempos de jubilación, o de situaciones de incapacidad laboral, no tenga poder de intervención en la administración del quebrado. Con su nacionalización, los fondos de pensiones dejan de ser patrimonios de destino, para que el Gobierno los use a discreción como partes integradas y diluidas en el Tesoro público. Con el pretexto de garantizar las pensiones, el gobierno residual del peronismo ha inventado un tipo inédito de nacionalización no expropiatoria, sino propiciatoria de futuros latrocinios legales.   florilegio "La más dañina de las delincuencias, inalcanzable por los individuos, la promueven los Gobiernos despóticos mediante leyes en sí mismas criminales."