La presión política sobre la Justicia se relaja en épocas de interinidad. Con Ministro de Justicia en funciones y Fiscal General amortizado parece como si los escándalos de corrupción se dispararan. Las actividades instructoras cobran un dinamismo inusitado. Implicados en ERES fraudulentos, campeones del cohecho y aristocracia de la delincuencia económica notan en su nuca el aliento de la investigación judicial que hasta hace bien poco contemplaban plácidamente en la lontananza. Jueces que nadaban seguros en la presunción de inocencia sobre su conducta prevaricadora, encuentran ahora la espalda de un Ministerio Público antes presto al auxilio procesal y la obstrucción.   Los delegados políticos de los partidos en los órganos rectores de la Justicia esperan novedades. Los Fiscales Jefes de las distintas sedes judiciales son presa de la expectación, cuando no directamente reniegan de la línea procesal mantenida antes de los nuevos aires. Renovarse o morir. Mientras, por abajo, la cuerda se hace así más larga. No es casual que sean los juzgados de instrucción, base de la potestad judicial en el orden penal quienes se estén prodigando en resoluciones que afectan directamente a personajes representativos de la partidocracia y sus instituciones base. Nadie en los puestos clave de la organización judicial se atreve a condicionar su actuación hasta que quede bien claro lo que diga el nuevo jefe.   La politización de la justicia y la judicialización de la política son dos caras de la misma moneda que en el estado de poderes inseparados corren paralelamente como los surcos de un arado. En interinidad política los partidos cesan pasmosamente de someter sus controversias en los juzgados y éstos se dedican a desarrollar su actividad en los niveles técnicos con mayor libertad. Una vez restablecida la normalidad partitocrática cesa el alto el fuego y su fuerza instrumental como parte del engranaje político salta de nuevo al primer plano. La prudencia mal entendida y el juego de intereses salvaguardando los delitos propios mediante la utilización de la fiscalía y los órganos de gobierno de la judicatura como arma contra el rival político, se anteponen a la búsqueda de la Justicia material.   Si dibujáramos una gráfica de la actividad judicial de las distintas instancias relacionándola con los tiempos políticos nos encontraríamos con el sorprendente resultado de que mientras que los órganos colegiados superiores directamente infiltrados por los partidos políticos, como el Tribunal Constitucional, prácticamente paralizan su producción desde que se entra en fase preelectoral hasta que toma posesión el nuevo ejecutivo, las instancias penales más básicas dedicadas a la investigación de los casos de corrupción la multiplican en el escaso lapso de tiempo en que cesa un gobierno y el nuevo entra a su relevo.