El Fiscal General del Estado, D. Cándido Conde Pumpido, apoyó públicamente el pasado 30 de Noviembre la reforma de la legislación procesal penal propuesta por Caamaño para arrebatar a los jueces las competencias en la instrucción de las causas criminales en favor de la fiscalía que él dirige por nombramiento directo del ejecutivo. En el acto de presentación de la nueva página web del Ministerio de Justicia, y acompañado del Ministro del ramo, Conde defendió la necesidad de dotar a España de “un nuevo proceso penal digno de una democracia avanzada que nos coloque a la altura de países como Costa Rica, Colombia o Chile” (sic.). La boutade del Fiscal General, tras la sorpresa inicial de los asistentes y la sonrisa cómplice de su jefe Caamaño, intentó ser aclarada seguidamente. “Sé muy bien lo que me digo”, apuntó Conde Pumpido, para después subrayar la importancia de que en España el Ministerio Público asumiera la función instructora, como en los países citados alcanzando de paso la “homologación con los estados europeos, como ya existe en otros asuntos”.   La gracieta de D. Cándido, tiene más de cínica que de sarcástica, ya que en alguno de los países que menciona la independencia judicial y de la función fiscal alcanza cotas que ya quisiéramos aquí. Sin embargo es de temer que las intenciones de los capos de la Justicia van por otro lado muy distinto. El más alto representante del Ministerio Público aplaudió la reforma procesal proyectada insistiendo en “el compromiso con el futuro” de la Fiscalía General de Estado y de “todos los fiscales” para poder asumir la competencia que les otorga el nuevo modelo penal que, dijo, es “el verdadero punto de destino al que tiene derecho toda la sociedad española, una aspiración que ha estado décadas y décadas pendiente”.   Sin mencionarlo expresamente, D. Cándido se refería así a la intención ministerial de atribuir a los fiscales la facultad investigadora en la fase de instrucción de los procedimientos, en lugar de los jueces, como ocurre ahora, lo que Caamaño valoró como un “acercamiento de la Fiscalía a los ciudadanos”, destacando “el papel decisivo que el Ministerio Público ha venido desempeñando en muchas transformaciones de la Justicia”.   Y que nadie se tome lo de “decisivo” como una exageración o simple licencia literaria, ya que efectivamente de salir adelante la reforma procesal, los fiscales decidirán en lugar de los jueces, a quién procesar, por qué procesar, cuándo procesar, qué diligencias de investigación emprender y qué medidas cautelares han de adoptarse respecto al imputado.