Las asociaciones judiciales denuncian como una de las causas del caos de la Administración de Justicia la descoordinación entre la Fiscalía y los Órganos Jurisdiccionales. Nuevamente se reduce la problemática a la simple solicitud de más medios técnicos en lugar de afrontar decididamente las precisas medidas institucionales.
La configuración de la fiscalía como estructura jerárquica en cuya cúspide se sitúa a un Fiscal General del Estado elegido por el Gobierno fuera de la propia estructura del Poder Judicial es la verdadera culpable de tal descoordinación más que la precariedad de medios técnicos. Si a ello unimos la voluntad política ya manifestada de sustraer las competencias instructoras al Juez para atribuirlas al fiscal, la imposibilidad del conocimiento judicial de la información eficaz referida al proceso, resulta imposible.
La propuesta de reforma ofrecida por los dos grandes partidos estatales de la Ley de Enjuiciamiento Criminal es coincidente en este punto. Es fácilmente comprensible: Obedece a asegurar aún más el control político de la investigación delictual a través del comisariado político que hoy en día es la Fiscalía General del Estado. Sacrificar las garantías judiciales de objetividad e independencia es algo que no preocupa al poder político mientras se garantice el control absoluto de la vida judicial.
Al contrario, sólo la unidad de las carreras fiscal y judicial garantizan la integridad de la función jurisdiccional y el intercambio eficiente de la información. La prosecución neutral del interés público y la operación intelectual de juzgar y hacer cumplir lo juzgado son dos caras de la misma moneda, inseparables y complementarias. No olvidemos que en el Derecho español, al contrario, por ejemplo, que en el Norteamericano, el fiscal no es un mero acusador sino un defensor imparcial del derecho que debe apreciar y manifestar al juzgador, si existen, las circunstancias que eximen de la responsabilidad criminal.
Únicamente la integración de magistrados y fiscales como cuerpo único en el órgano de Gobierno de los Jueces, dependiendo exclusivamente del mismo, alejaría de injerencias políticas la función fiscal y permitiría un conocimiento exhaustivo de las circunstancias particulares de cada proceso.
Claro que para que para ello se necesita transmutar el actual Consejo General del Poder Judicial en un auténtico Órgano de Gobierno separado del poder político, autónomo e independiente tanto en su propia designación como presupuestariamente.
