A propósito del accidente ferroviario de Adamuz
La decadencia de la vida pública española no se manifiesta solo en la corrupción de las costumbres, sino —más gravemente— en la corrupción de los conceptos. Uno de los más prostituidos es el de responsabilidad. Cada vez que ocurre una tragedia colectiva, como el accidente ferroviario de Adamuz, el Estado de partidos reacciona con un reflejo automático: abrir una investigación judicial o una comisión parlamentaria sobre el suceso para ocultar la ausencia de responsabilidad política. Así, se tranquiliza a la opinión pública y se preserva intacto el poder. Conviene, pues, distinguir con rigor lo que la propaganda confunde deliberadamente: la responsabilidad penal y la responsabilidad política.
La responsabilidad penal es estrictamente personal. Se rige por el principio de legalidad y exige la prueba de una conducta típica, antijurídica y culpable. Solo puede recaer sobre personas concretas (con las excepciones tasadas que el Código Penal establece para la comisión por personas jurídicas) y solo ha de ser declarada por un juez independiente tras un proceso con garantías.
En el accidente de Adamuz —como en cualquier siniestro ferroviario— la investigación penal debe responder a preguntas técnicas: ¿existió negligencia del maquinista?, ¿fallo humano?, ¿incumplimiento de protocolos?, ¿defectos de mantenimiento imputables a un responsable concreto? Si se acredita un delito, habrá culpables penales. Y si no se acredita, no los habrá. Esa es la lógica del derecho penal, y nada hay que objetar a ella.
El problema comienza cuando esta lógica se utiliza como cortina de humo.
La responsabilidad política no exige delito, ni culpa penal, ni siquiera negligencia individual demostrable. Es una responsabilidad objetiva, derivada del poder de decisión. Quien decide, responde. Y responde aunque no haya cometido delito alguno. Si un sistema ferroviario funciona con infraestructuras deficientes, con sistemas de seguridad insuficientes, con inversiones mal priorizadas o con una cadena de mando irresponsable, la responsabilidad política recae sobre quienes han diseñado, dirigido y sostenido ese sistema. No sobre un técnico aislado ni sobre el último eslabón de la cadena.
En el caso de Adamuz, la pregunta política no es quién puede ir a prisión, sino quién permitió que se dieran las condiciones para que el accidente fuera posible. ¿Qué ministerio? ¿Qué altos cargos? ¿Qué decisiones presupuestarias? ¿Qué modelo de gestión? Estas preguntas no se responden en un juzgado, sino en el ámbito de la representación política auténtica. Y ahí reside el drama: en España no existe.
El Estado de partidos ha sustituido la responsabilidad política por la penal porque la penal es manejable y la política es letal para el poder. Un ministro puede sobrevivir a cien víctimas si ningún juez lo imputa. Pero no sobreviviría a una verdadera responsabilidad política ante ciudadanos libres. Por eso, tras cada tragedia, los partidos se refugian en la frase ritual: «que se depuren las responsabilidades judiciales». Traducción: que nadie dimita, que nadie asuma nada, que la relación de poder permanezca intacta.
Sin separación de poderes ni representantes responsables ante sus electores, la responsabilidad política no existe. Solo existe el sacrificio de chivos expiatorios.
La responsabilidad penal castiga delitos. La responsabilidad política protege a la sociedad del abuso y la incompetencia del poder. Confundirlas no es un error intelectual: es una estafa moral. Y mientras los ciudadanos acepten esa confusión —aplaudiendo imputaciones menores y olvidando responsabilidades mayores— los accidentes no serán solo ferroviarios, sino cívicos.
Porque donde nadie responde políticamente, el poder no gobierna: manda.
