Tras los acontecimientos acaecidos en numerosas ciudades españolas por el M-15M la mayoría de opiniones oficiales escuchadas apoyan el empleo de la fuerza, monopolio del poder legal para reducir los actos de violencia cometidos por una minoría. Cómo si la violencia contra la violencia no engendrara más violencia en una dinámica de espiral acción/reacción. Este atrofiado pensamiento de los reaccionarios y bien situados en el sistema socio-político español, es una consecuencia más del secuestro de las leyes y la fuerza ejecutiva del Estado por los partidos políticos. La verdad es que los manifestantes del 15M se agitaban en el Parlament para impedir la entrada en vigor de una legislación violenta y humillante para la sociedad, todo lo contrario a lo que iban los parlamentarios, es decir, a seguir legislando contra el ciudadano y sin su acuerdo, recortes presupuestarios.   Con el pretexto de la crisis económica que padece el Estado de partidos bajo el paradigma de la economía financiera, los políticos, unos aduladores del gran capital y otros por mandato imperativo del jefe de su partido, promueven, para más escarnio del ciudadano, paquetes legislativos denigrantes de una vida social digna, generando a la postre otra crisis política y moral. De esta manera, los parlamentos son las correas de transmisión del poder financiero, que es el que indica el camino y nuestros parlamentos legislan y ejecutan las normas para transitar ese camino (monetarismo). Y mientras el dinero corre a raudales por paraísos fiscales y la impune corrupción predica sus virtudes, los jóvenes ya no tienen la menor duda de que sus condiciones de vida futuras jamás llegarán a ser como la de sus progenitores si no actúan pronto. Por eso, es patético advertir como la horda de parlamentarios tanto a nivel nacional como autonómico, intentan desactivar un movimiento fundamentado en causa certera (ausencia de democracia) y justa (la libertad política), indispensable para que las sociedades europeas transformen las partidocracias actuales en formas democráticas de gobierno.   Esgrimen los representantes de los partidos políticos que la violencia “no se justifica en ningún momento”, pero ¿acaso han llegado estos señores a la conclusión de que las leyes que aprueban favoreciendo a los acaudalados poderes fácticos no es violencia? pues sí, es violencia y además humillante. Porque es menos humillante recibir una agresión física que ser un esclavo económico, un siervo político y un cadáver moral, asesinado por las leyes que aprueban quienes dicen que nos representan  y  tienen  el  imperativo  legal  de salvaguardar los derechos que “nos otorga” la Constitución y las demás cartas universales de derechos naturales, civiles y jurídicos que se promulgaron tras la Segunda Guerra Mundial.   De qué valdría hacer mil manifestaciones si éstas no son capaces de concienciar a las poltronas del poder. Por el contrario, cuando estos grupos ven en peligro su status, porque pierden autoridad y legitimidad, es cuando asimilan forzosamente la necesidad de reformas para recuperarlo y apaciguar a la sociedad. Es entonces cuando su legitimidad para reducir manifestaciones por la fuerza queda en entredicho y la resistencia pacífica puede hacer triunfar a la libertad política.