Sin duda, se despilfarra muchísimo dinero público, pero es también evidente que sólo con el sistema de pensiones actual las cifras de gasto público se disparan de forma exponencial, pues nos enfrentamos a una pirámide demográfica invertida y a un entorno empresarial en declive. ¿Que podría reformarse ligeramente reduciendo las pagas máximas de forma que se redujese el gasto significativamente? ¿Que se podría pensar también en una progresiva migración a un sistema de capitalización? Podría ser, no obstante, hay un problema de base aún mayor, pues no es de recibo que más de la mitad de la población que cobra nóminas sean pensionistas o funcionarios, y eso se reorienta fomentando el empleo en el ámbito privado.
El problema del gasto público tiene una cara A y una cara B. La cara A es el elevado gasto, es lo que vemos y de la que muchos hablan porque realmente se trata de un problema evidente, tratándose de una cuestión que llegado el caso podría cambiarse o reformarse empleando las vías que existen dentro del Estado. Sin embargo también tiene una cara B, que supone una herida abierta constante a las finanzas públicas, de la que poco se habla, me estoy refiriendo a la corrupción estructural, fruto de un régimen político hecho para la corrupción; y esto sí, señoras y señores, no es posible reformarlo desde dentro, porque va en contra la dinámica oligárquica del poder. Aquí al final los que viven de lujo mientras nos cuentan milongas en los mítines, son toda la camarilla de amigos y familiares que orbitan en torno a la oligarquía estatal, pues independientemente de quién gobierne medrarán en lo público para poder hacer funcionar la mentira democrática que se gestó en el 1978; el tráfico de favores con dinero público y el «hoy por ti, mañana por mí» constituyen el tan mentado consenso.
Las comunidades autónomas son parte de ese reparto del poder, pues no suponen una descentralización administrativa sino una multiplicación del Estado, con sus duplicidades y sus aberraciones fiscales, en las que en algunos sitios como en Canarias acabamos pagando más de lo que deberíamos en impuestos, pese a contar con un régimen fiscal especial por lejanía y aislamiento (REF), así como una baja fiscalización autorizada por la Comisión Europea conocida como la Zona Especial de Canarias; llegando al punto en el que la Comunidad Autónoma desarrolla su propia fiscalización paralela creando nuevos impuestos para financiar su estructura autonómica de redes clientelares.
A fin de cuentas, lo que ha sucedido es que el austero y contundente Estado de Franco, es hoy el obeso e incontrolable Estado monárquico de los partidos estatales y las autonomías. En ambos casos, el poder sigue sin control, así que no hay democracia por más que lo repitan los voceros de los medios de comunicación a sueldo de favores políticos, los catedráticos de cualquier fábrica de adoctrinamiento educativo o cualquier devoto de la religión del consenso.
Para terminar, quisiera finalizar este artículo acompañándolo del siguiente poema anónimo sobre el consenso:
