Los sindicatos estaban representados en el consejo de administración de la CAM, por Salvador Piles y Enrique Puig, que entraron por la cuota de los trabajadores. Entre los dos se llevaron —como el resto de consejeros— 8.000 euros en dietas por asistir a los 18 consejos de administración que se convocaron hasta la entrada del FROB.
Piles y Puig asistieron a todas las reuniones del órgano de administración de la entidad alicantina, y participaron de las decisiones por las que ahora se piden responsabilidades desde los sindicatos. En el caso de Piles, además, formaba parte de la comisión ejecutiva y del órgano de dirección territorial en la provincia de Valencia.
Es más, al igual que sucedía con la práctica totalidad del resto de consejeros, ambos eran a su vez consejeros en alguna de las sociedades de CAM o de sus participadas. En el caso de Salvador Piles, figuraba como vocal de la financiera Gesfinmed. Mientras, Enrique Puig era también vocal en la consultora Incomed, que prestaba servicios de asesoría a las empresas clientes de la caja.
Como el resto de consejeros, los representantes sindicales están afectados por el expediente sancionador abierto por el Banco de España contra los integrantes de la dirección de CAM, en los que se les acusa de haber provocado la quiebra de la entidad con sus decisiones. El expediente no incluye propuesta de sanción.
Las decisiones de este Consejo de Administración han traído como consecuencia un agujero de 5.249 millones contabilizados a día de hoy. Le ha sido concedido al Banco Sabadell que ha comprado la CAM por 1 euro, un esquema de protección para los próximos diez años que cubrirá el 80% de la pérdidas que generen los activos problemáticos de la CAM, sobre un perímetro de 24.660 millones. También dispondrá de garantías de liquidez por valor de 12.500 millones.
La CAM ha estado muy vigilada por el Banco de España en los últimos cuatro años. Los representantes del Banco de España, han denunciado a los consejeros de la CAM, pero solo es cuestión de tiempo que ellos mismos sean acusados, por haber consentido y ocultado la verdadera situación de esta entidad, que ha dejado sin ahorros a 54.000 inversores que compraron cuotas participativas.
