La convocatoria de elecciones generales ha abierto el telón del espectáculo que ofrecen todos los partidos sin excepción. La confección de las listas electorales que cada partido presentará para su ratificación por los votantes, que no elección por los mismos: dedazo, farsa, comedia, pucherazo, purga, sanción encubierta del excluido, devolución de favores, presentación de fichajes estrella como gancho electoral, premio por la fidelidad y obediencia, etc. Cualquier objetivo menos la selección de candidatos que puedan ejercer como representantes políticos de los ciudadanos; a lo sumo ratificación de los representantes del partido en el Congreso o en el Senado, cuando no la búsqueda de inmunidades judiciales u otros espurios objetivos.
Llamativo método, el jefe del partido elige a los candidatos que se incluyen en la lista electoral del partido, a cambio y bajo la condición de que una vez obtenida la correspondiente acta de diputado, voten y elijan a aquél como presidente del Gobierno, y en lo sucesivo sean fieles y disciplinados seguidores de sus instrucciones; todo ello, bajo la coacción de ser excluido de la próxima lista del partido a pesar de la prohibición del mandato imperativo a diputados y senadores.
En broma se interpreta la prohibición constitucional de mandato imperativo como dirigida exclusivamente a los votantes. Según esta interpretación se prohíbe el mandato imperativo de los votantes, pero no el mandato, más que imperativo, coactivo de los jefes de partido. Siendo así que los parlamentarios no deberían tener más sometimiento que el mandato que le han dado sus electores según lo prometido en la campaña electoral. Interpretar que la Constitución de 1978 prohíbe el mandato imperativo de los jefes de partido implica la nulidad radical, por inconstitucionales, de todas las leyes aprobadas en las Cortes desde la entrada en vigor de la mencionada Constitución. Ni una sola Ley ha sido aprobada sin esa coacción y disciplina impuesta por los partidos del régimen.
Este método cutre de listas electorales de partidos, que reparte proporcionalmente entre estos últimos el poder y los puestos de mando del Estado y pretende aparentar formas democráticas, fue el sistema electoral consensuado al principio de la transición por los políticos franquistas y por los políticos del PSOE, PCE, etc.; método que tenía y sigue teniendo como objetivo controlar y pastorear a la infantil sociedad española, por si en algún momento siente la tentación de ejercer su libertad política colectiva.
La alternativa de un sistema electoral mayoritario por distritos uninominales, parecido al sistema inglés o, mejor aún, al francés; un diputado a doble vuelta por cada cien mil electores; aunque se planteó, fue rechazado de plano por dos razones. Porque resultaba más sencillo influir y controlar a los dos, tres o cuatro jefes de los principales partidos políticos que a cuatrocientos o quinientos diputados de distrito; estos últimos deben su puesto directamente a los electores que los han votado personalmente y no al partido político que los incluye en la lista electoral del propio partido. Y en segundo lugar, porque un sistema de distrito uninominal neutralizaba el protagonismo y el poder que se pretendía dar a los partidos políticos como herramientas de control social y político, entre otros mecanismo, mediante el mandato coactivo que de hecho ejercen los jefes de los partidos políticos sobre los diputados y senadores incluidos en su lista electoral. Los partidos políticos con este sistema electoral se han convertido en partidos estatales, subvencionados por todos los contribuyentes cualquiera que sea su ideología; en órganos cuasi estatales cuyas agendas y crisis marcan la agenda del Estado; y además son la fuente principal de la corrupción económica.
Pues bien, el sistema electoral proporcional de listas de partido; listas cerradas o abiertas producen el mismo efectos; aceptado voluntaria y servilmente por la sociedad española, técnicamente no tiene como objetivo elegir representantes políticos de los votantes, sino representantes de los partidos políticos, y repartir entre estos últimos los puestos de mando del Estado en función del número de votos o adhesiones que recibe la lista electoral de cada partido. Con este sistema no es posible la representación política, sólo la adhesión e identificación de los votantes con un partido político, como si este último fuera un equipo de futbol o un grupo de rock.
Los partidos no representan a los ciudadanos porque el vínculo de fidelidad y obediencia entre el parlamentario (diputado de partido) y el jefe de su partido es más fuerte que el vínculo con los ciudadanos que han votado la lista electoral presentada por el partido en la que se incluye el mencionado parlamentario, al que en la mayoría de los casos sus votantes son incapaces de identificar por su nombre.
La representación política de los votantes no es baladí como sostienen algunos. Un diputado de partido y un diputado de distrito responden y obedecen ante el propio partido en el primer caso, y en el segundo ante sus electores con los que se relaciona directa y personalmente. En la denominada democracia española, pero que de democracia como forma de gobierno no tiene nada, el diputado es el peón que permite negociar, consensuar y trapichear a los jefes de cada partido; en otras palabras, la ausencia de representación política efectiva de los votantes es una de las dos piedras angulares de la corrupción política y económica de la partidocracia que padecemos en España desde el comienzo de la transición.
El próximo 28 de abril no se elige nada, todo estará ya vendido. Elegir ya han elegido los jefes de los partidos políticos y las cúpulas de estos al confeccionar las listas electorales de candidatos. Los votantes no eligen, simplemente votan ratificando la lista electoral del partido con el que se identifican. El 28 de abril no se eligen representantes políticos de los ciudadanos, se ratifican listas de aprieta botones de los partidos políticos en el Congreso y en el Senado.
En otras palabras, en España no hay representación política de los votantes y, por ello, en España no hay democracia. La representación política efectiva de los electores y la separación también efectiva de los poderes del Estado; no la mera distribución de funciones entre órganos o personas; son los dos requisitos esenciales sin cuya concurrencia no es posible hablar de democracia como forma de gobierno. España no es una democracia. Se puede decir más alto, pero no más claro. El que quiera ver que vea y el que quiera tragar sapos puede tragarlos, dejarse pastorear por la opinión publicada e ir a votar pensando que su voto sirve para decidir y elegir algo o a alguien. Elegir elige otro, no el que vota. Piensa por un momento quién elige al presidente del Gobierno ¿El votante en León cuya papeleta electoral no incluye el nombre de ninguno de los que se postulan como futuros presidentes de Gobierno? ¿El votante en Madrid cuya papeleta electoral sí incluye el nombre de uno de los que se postulan como futuro presidente del Gobierno?
Una cosa sí está clara, participando en la farsa de las elecciones convocadas por este régimen, cualquiera que sea el partido al que tengas intención de votar, no va a reformar o mejorar la corrupción de dicho régimen sino reforzarla y potenciarla, sencillamente porque la corrupción es factor de gobierno. Para cambiar pacíficamente este régimen, no hay más alternativa que no apoyarlo ni legitimarlo con el voto. ¿Quién se alegra especialmente y exhibe como un éxito una alta participación electoral y se lamenta de la baja participación? Todos los líderes de todos los partidos políticos sin excepción. Por algo será. Sapere aude.
