En la prensa española se levantan voces contra el régimen partidocrático nacido en la llamada Transición, o más bien Transacción entre los oligarcas del Franquismo y los nuevos aspirantes de la presunta oposición, que optaron por el pactismo y el consenso -la muerte en sí de la libertad de pensamiento-, y no por la ruptura democrática. Así, José Antonio Gómez en Diario 16, aunque realiza algunas afirmaciones erróneas como la de que los ciudadanos eligen a su primer ministro, acierta en señalar que “España sigue cumpliendo la voluntad del dictador Francisco Franco en lo referente a la Jefatura del Estado. La Monarquía fue impuesta de manera torticera a los españoles porque jamás se ha preguntado al pueblo por el modelo de democracia que quieren. En el referéndum de la Constitución, que ahora va a cumplir 40 años, se obligó a votar el texto completo en el que se imponía a un Rey sin que los ciudadanos pudieran determinar si estaban de acuerdo o no con ello. Fue un trágala en toda regla: «si queréis una Carta Magna que reconoce al pueblo derechos y libertades hay que tragar con los Borbones». Si en 1978 los ciudadanos se hubiesen rebelado y votaran en contra de la Monarquía estaban impidiendo la aprobación de la Constitución. Por tanto, por más que los defensores de la Monarquía afirmen que Felipe VI o Juan Carlos I fueron elegidos por el pueblo, la realidad es que no es así, sino que el propio aparato del Estado determinó que los españoles debían tragar con la voluntad de Franco si deseaban que se les reconocieran los derechos y libertades de los que disponían los ciudadanos de los países democráticos.” Señala, asimismo, el autor del artículo que la presunta función moderadora de la Monarquía no es más que una forma de aquiescencia a la corrupción del régimen. El otro aspecto que según el articulista adultera la democracia española -pues no parte del hecho de que esto que hay en España no es una democracia, pues no hay separación de poderes ni principio de representación política- es La ley de Amnistia, que impidió condenar los crímenes del Franquismo. No entiende el autor que las llamadas a la concordia y a la reconciliación -piénsese en lo ocurrido en Francia tras el Terror- son las propias de la oligarquía que sucede a una dictadura, para asegurarse el reparto de las prebendas del Estado.
A vueltas con la Carta Otorgada del 78, Manuel Pulido Mendoza indica en Disidentia algunos de sus graves defectos como el concepto de nacionalidades, introducido por los oligarcas redactores para contentar a sus correligionarios nacionalistas vascos y catalanes, el cambiar el nombre de la lengua común de ‘español’ a ‘castellano’, idiotez monumental como la de llamar al italiano toscano, con el mismo objetivo de obsequiosidad hacia los corruptos nacionalistas pequeñoburgueses, y, finalmente, la creación del inaudito “Estado de las Autonomías”, máquina multiplicadora del gasto público, despilfarradora y fuente de gabelas clientelares para los partidos del régimen. En cambio, las reformas constitucionales que propone el autor sin un cambio del sistema político a través de un periodo de libertad constituyente no parecen más que meros parches.
Por otra parte, el predominio del sentimentalismo sectario y la inintelectualidad en el discurso de lo políticamente correcto está llevando, como revela Marilisa Palumbo en el Corriere della Sera, a algunas universidades norteamericanas a organizar cursos de “debate civil”, para enseñar a los jóvenes a enfrentarse a ideas diversas sin enrocarse, agredir o exigir su censura por considerlas ofensivas para determinadas personas o colectivos.
En este aspecto, podría incluirse la polémica surgida en Gran Bretaña en torno a las declaraciones del político Boris Johnson, quien, después de criticar la reciente decisión del gobierno danés de prohibir el burka en los espacios públicos, atacaba al tiempo el carácter opresivo de estos ropajes, la presión de algunos hombres musulmanes para su porte, y defendía la libertad de cada institución de exigir a sus alumnas no acudir a sus centros vestidas como “ladrones de bancos” o “buzones de correos”. Brendan O’Neill en The Spectator considera que las acusaciones realizadas contra Johnson de “islamófobo”, nazi y racista son, en realidad, un retorno por la puerta de atrás de las leyes contra la blasfemia, creando un campo de fuerza moral en torno a la religión para protegerla de la crítica y del escepticismo. Afirma el autor que esto también apunta a una profunda confusión entre libertad y tolerancia entre los usuarios de los modernos medios de comunicación y expresión: “Parecen pensar que la sociedad no tiene sólo la responsabilidad de garantizar la libertad de fe de sus ciudadanos, sino que tiene también que respetar lo que sus ciudadanos creen. Esto es un craso error. En una sociedad libre, la gente debe tener el derecho de adoptar las convicciones religiosas o morales que consideren mejores, pero el resto de nosotros debemos tener el derecho de criticar o incluso ridiculizar estas convicciones. Eso es libertad en acción”.
Imagen: John Williams