Uno de los grandes problemas fundamentales de la España actual, junto con el sistema financiero[1], el desmantelamiento industrial, el deterioro agrícola y pesquero y la menor competitividad de nuestros productos en un mundo globalizado entre otros, es la organización del Estado, su descentralización política y el poco control que ejerce el Estado sobre las entidades destinatarias de sus antiguas competencias.

La celebración del Consejo de Política Fiscal y Financiera el día 17 de mayo de 2012 ha tenido una trascendencia política y financiera fundamental para la supervivencia de España como nación independiente (y de momento no intervenida) dentro de la Unión Europea (UE) y para la continuidad del modelo autonómico actual[2].

Había que escenificar la unidad de España a pesar de su diversidad, había que demostrar la capacidad de tomar decisiones conjuntas para alejar la desconfianza de nuestros datos y había que rebajar la vigilancia que ejercen sobre nosotros las Autoridades europeas y los miles de agentes que operan en los mercados financieros (esas personas que nos prestan dinero semana a semana). Otra cosa es que lo hayan conseguido.

El Gobierno ha aprovechado el “mecanismo de financiación” de las deudas que tienen las entidades locales con sus proveedores para extenderlo a las Comunidades Autónomas (CCAA) como una primera fase del rescate autonómico, que algunos definen como un proceso de consolidación fiscal[3] que pretende ayudar a que estos entes cumplan a partir de ahora con el objetivo de déficit no financiero fijado por el Gobierno nacional a instancias del “Gobierno europeo”.

A lo largo del ejercicio 2011 (cada trimestre) las CCAA fueron entregando al Estado la ejecución de sus presupuestos (165.129 millones de euros, M€). De acuerdo con la última entrega, el conjunto de entes que integran sus presupuestos gastaron 150.210 M€, pagaron 129.835 M€, dejando obligaciones pendientes de pago 20.375 M€. En esa liquidación reconocieron ingresos por valor de 126.111 M€, pero solamente ingresaron 120.412 M€, dejando pendiente de ingreso 5.699 M€. Así que el déficit no financiero de las Comunidades Autónomas, de acuerdo con estos datos, fue de 24.099 M€.

Pero en estas cifras no está contabilizada la gestión de todos aquellos entes considerados “administración pública”[4], ni las deudas pertenecientes a presupuestos cerrados por valor de 29.000 M€[5]. Aunque algunas de ellas los incluyeron en el Plan Económico-Financiero (PEF) remitido al Ministerio de Hacienda, que posteriormente se descontó para homogeneizar las cifras.

Esta “primera fase del rescate”, al igual que ha ocurrido con el plan ideado para las entidades locales, lo está pilotando el Ministerio de Hacienda, de acuerdo con lo aprobado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) de 6 de marzo de 2012[6]. La Comunidad Autónoma que quiso acogerse a este plan tuvo que aprobar un acuerdo del Consejo de Gobierno u órgano competente, en el que constaba expresamente que asumía el acuerdo del CPFF más arriba comentado. Al final se adhirieron todas las Comunidades Autónomas, excepto Galicia, País Vasco y Navarra.

Antes del 15 de abril remitieron al Ministerio de Hacienda la Relación de todos sus acreedores, con el objeto de conocer el montante de las facturas pendientes. Según dicho Ministerio, los ejecutivos regionales han reconocido, hasta ahora, cerca de 4 millones de facturas pendientes de pago a proveedores por un montante de 17.255 M€.

Hasta finales de abril tuvieron plazo para enviar a dicho Ministerio un Plan de ajuste a medio plazo, para diferenciarse de las entidades locales le han llamado PEF, en el que recogen el volumen de ingresos suficientes para financiar los gastos, la amortización de las operaciones de endeudamiento, incluida ésta nueva operación financiera, así como aquellos recortes de gastos e incrementos de ingresos que, de acuerdo con su autonomía fiscal, pueden establecer. Estos planes se revisaron en el Consejo de Política Fiscal y Financiera celebrado el día 17 de mayo de 2012. Se aprobaron todos, excepto el presentado por Asturias[7], y se rescató el presentado por Andalucía, gracias a la intermediación del representante de Cataluña.

La presentación de estos PEF ha servido para sacar a la luz ciertos desajustes[8] ocurridos en 2011 que han obligado al Gobierno nacional rectificar el déficit oficial enviado a la UE, hasta alcanzar el 8,9% del PIB[9]. El montante de los ajustes descritos en los PEF se acerca a los 18.400 M€ (13.100 M€ de reducción de gastos y 5.300 M€ de ingresos).

Esta “primera fase del rescate” culminará con el pago real de las facturas a finales de junio (así se espera) a través del “mecanismo de financiación” formado por el Fondo para la Financiación de Pagos a Proveedores (FFPP), el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y un sindicato de entidades bancarias. Posteriormente la Comunidad Autónoma tendrá que concertar operaciones de endeudamiento a largo plazo para saldar las deudas abonadas por el anterior “mecanismo de financiación”.

La “segunda fase del rescate” posiblemente se iniciará con la emisión de los “hispabonos” que aliviará el dolor de no tener suficiente dinero para atender a los pagos inmediatos, pero….no resolverá el problema. De momento es una promesa de verano, para el mes de julio.

Todos los pasos que se están dando nos recuerdan los procedimientos que siguen los órganos de la UE con los países intervenidos y el deseo de muchos miembros de la UE de regular la emisión de los anhelados “eurobonos” para atender sus necesidades de financiación pública.

En definitiva, esta “primera fase del rescate” será un buen negocio para las instituciones bancarias, que se han beneficiado de la expansión monetaria del Banco Central Europeo (BCE) a un intereses bajo (1%) y prestarán al 6% o más. Realizará una operación financiera de gran calado para reactivar la actividad económica española mediante la inyección de liquidez en el sistema productivo por un valor cercano a 30.000 M€[10]. Servirá para refinanciar una parte de las deudas de las Entidades Locales y de las Comunidades Autónomas al cambiar una multitud de deudas a corto plazo (deuda comercial) por deudas a largo plazo (deuda financiera). Pero aumentará el saldo total de la Deuda Pública de España computable en la UE y la carga financiera en los presupuestos del Estado, de las Comunidades Autónomas y de las Entidades locales.