La nación española, ya con más de cinco siglos de Antigüedad, es por definición un hecho de existencia, esto es, un hecho histórico ajeno a la voluntad de una generación concreta, sino una realidad que se ha construido con muchas generaciones pretéritas, con la generación actual, y de la que también es propietaria las generaciones futuras de españoles. Del mismo modo que uno pertenece a una familia sin ejercicio de su voluntad, también es miembro de una nación sin dar su visto bueno; otra cosa es la colonia, cuerpo ajeno a la Nación, de la cual cosa la nación española carece en la actualidad.
La política opera sobre hechos de experiencia, y no sobre hechos de existencia. Por otro lado, dado que sólo se puede ser representante del pueblo en un período de tiempo limitado y sobre un lugar concreto, se transgrede y contraviene la noción misma de representación o vicariato si nuestras resoluciones o tomas de decisión pueden comprometer de forma irreversible la felicidad y el bienestar de nuestros descendientes sobre los que la mecánica de la Democracia no nos da ningún poder ni derecho, como acertadamente nos enseña la inmarcesible obra política de John Locke, sobre la que se fundaron los EEUU. Y dado que no existe ningún modo con el que conseguir el consentimiento político de los catalanes que aún no han nacido, no podemos tomar decisiones cuyos riesgos deberán asumir personas distintas a las que tomaron la decisión.
Una nación no es un proyecto sugestivo de vida en común, como diría Ortega, porque no se fundamenta en la voluntad, sino en lo que constituye lo que somos, que está por debajo de la voluntad, a la que sin duda conforma. Las tristes jornadas ocurridas en Cataluña durante el mes de Octubre han constituido una grave transgresión contra las leyes que todos los españoles nos hemos querido dar, como las normas y reglas que en Democracia configuran el juego político. Todo el mundo puede pensar lo que quiera en una Democracia, pero la libertad de pensamiento de una Democracia no puede imponer un pensamiento y sus efectos políticos sin la aquiescencia del cuerpo soberano de la Nación. Es el “sensus communis” nacional el que mantiene bajo control la estridencia y la desmesura ( la vieja “hybris” clásica), que dirías el dulce Shaftesbury.
Por otro lado, las vejaciones y maltratos sufridos por la Benemérita Guardia Civil y la Policía Nacional por defender la legalidad española y las libertades políticas deben ser denunciados y sentidos como una aberración política por todas las personas de bien, recordando, además, que el Gobierno debería igualar las retribuciones que perciben por su trabajo la Guardia Civil y la Policía Nacional con las de las policías autonómicas que en la actualidad existen. Nos parece una cuestión de justicia, y queremos subrayarla.
Por otro lado, la defensa de la unidad nacional, como la de cualquiera otra verdad, debe llevarse a cabo de un modo político moderado, sin estridencias. Decía otro ilustrado inglés, David Hume, que se puede perder la razón cuando ésta se defiende de modo radical y desmesurado. Frente al maximalismo destemplado de la sentencia “fiat iustitia, pereat mundus”, la utilidad política y la paz pública aconsejan otro adagio, “populi salus lex suprema esto”. Frente al catalanismo rampante, rencoroso e insolidario no podemos responder con un españolismo obtuso, miope, falso y rancio. España es una nación diversa, que a diferencia de la francesa, cuyo Estado supone sólo tres manzanas de la ciudad de París, es poliédrica, y su diversidad, nuestra diversidad, supone nuestra grandeza. “Español” es un vocablo gentilicio que nace en la lengua catalana, por lo que no se puede ser español sin amar entrañablemente a Cataluña, vanguardia española en tantas ocasiones y en tantos ámbitos. Frente a los nacionalismos regionalistas de sentido independentista no se puede oponer un antipático nacionalismo español, sino los intereses de España y de los españoles actuales y futuros, así como la dignidad de nuestros ancestros.
