Bolaños pisa el acelerador del gobierno-legislador para finiquitar a los jueces de instrucción y entregar la investigación penal a los fiscales. El Plan Anual Normativo, verdadera actuación gubernamental incompatible con la separación de poderes, contiene como prioridad la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en tal sentido.

El Plan Anual Normativo de la Administración General del Estado es una suerte de avance de las intenciones legislativas del Gobierno que lanza a inicio de cada año. Un profético anuncio de que los partidos en el poder ostentan el poder ejecutivo, legislan y ordenan la vida judicial. Vamos, el reconocimiento por escrito de que en España no hay separación de poderes ni independencia judicial.

En el Plan Anual Normativo del 2024 se incluye la intención de acabar este mismo año con los jueces de instrucción, traspasando sus competencias a los fiscales. Otro decidido paso más a lo que será el control total por la clase política de la justicia penal.

Es ya inminente, se prevé para este mismo año, la reforma de la justicia penal que por primera vez propusiera Ruiz-Gallardón cuando era ministro de Justicia. Llama la atención cómo en los programas electorales de los dos partidos mayoritarios se ha asumido pacíficamente desde entonces la sustracción a los jueces de instrucción de la función investigadora de los delitos, para atribuirla directamente a la fiscalía. Ambos partidos estatales, con el silencio del resto, han coincidido históricamente en este avance hacia la sustracción a los jueces de la investigación penal. Una vez más el consenso, erigido en auténtica razón de Estado, sacrificando el más elemental principio constitucional de independencia judicial.

La atribución de la función instructora a los fiscales no supondría quiebra del principio de separación de poderes si la fiscalía y la judicatura integraran un cuerpo judicial único e independiente de los poderes políticos como ocurre, por ejemplo, en los Estados Unidos. Al contrario, en España, al constituirse el Ministerio Público como una estructura jerárquica dependiente de un fiscal general del Estado elegido directamente por el presidente del Gobierno, la independencia a la hora de perseguir, investigar y calificar conductas delictivas se pone directamente en manos de la clase política dirigente.

La jefatura en la investigación de todos los ilícitos penales se va a entregar a un comisario político elegido por el ejecutivo que, independientemente de su color político, se muestra siempre dócil y complaciente con quien le nombra. Los Conde-Pumpido, los Cardenal, las Delgado, decidirán sin filtro ni cortapisa judicial alguna qué delitos se investigarán y cómo se calificarán penalmente las conductas sociales así como las medidas investigadoras a adoptar (entradas y registros domiciliarios, intervención de las comunicaciones…).

Se acabaron por tanto los rescoldos de la independencia personal de jueces y magistrados de instrucción. Nunca más veremos actuaciones valerosas como las de Alaya o de Castro, sino la uniformidad del criterio de oportunidad política. La puntilla a la independencia personal del juzgador en la instrucción penal.