Por fin el Gobierno ha presentado el esperado proyecto de ley de los Presupuestos Generales del Estado para 2012 (PGE-2012), con seis meses de retraso, debido a las elecciones que tuvieron lugar en noviembre del pasado año. Es una noticia importante en tanto que dicha norma es un instrumento de política económica muy importante en manos del Gobierno para intervenir en el sistema económico (el Estado en su conjunto maneja directamente cerca del 28% del PIB), un augurio de su comportamiento (muchos actores nacionales e internacionales están esperando la definición del escenario macroeconómico) y un cúmulo de influencias en la sociedad española.
La gran mayoría de los medios de comunicación nos tienen acostumbrados a considerar los PGE de cada ejercicio, y sobre todo los de éste, como uno de los acontecimientos más importantes de la política del Estado. Ciertamente lo es, pero olvidan que esta norma es receptora de mandatos de otras muchas normas que, a lo largo de este pequeño espacio de tiempo, han ido exigiendo las pertinentes reservas de crédito. Los PGE-2012 son resumen de muchas letras firmadas con antelación (el coste del endeudamiento para pagar a los proveedores de las Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales), la síntesis de innumerables endosos de letras firmadas hace tiempo (salvar a buena parte del sistema financiero de una quiebra anunciada y acarrear con los costes de la reforma laboral), la utilización de medios financieros inconfesables para no incrementar la presión fiscal (amnistía fiscal de capitales escondidos en paraísos fiscales con mero peaje en la tributación) y la promesa de convertir a España en una Arcadia feliz (repleta de jefecillos de comunidades confederadas, que odian sus regulaciones, pero que exigen su protección cuando las aguas de la tormenta financiera que ellos crearon, amenaza con arrastrarlos al fondo del océano del olvido).
En la presentación de los PGE-2012, solamente se ha hecho referencia a la Administración General del Estado, así que esperamos conocer en los próximos días el futuro comportamiento de los Organismos, Agencias y demás Entes públicos estatales y de la Seguridad Social. No cabe duda que el comportamiento del Estado (con sus departamentos) marca tendencias y obligaciones, aunque se sepa que sus créditos pueden ser modificados desde el primer día de su vigencia, que sus ingresos son meras estimaciones o deseos y que su papel en la prestación de servicios públicos cada vez es más residual.
En dicha presentación se han visto ciertos atisbos de futuros comportamientos como son la intención de bajar los gastos (12.900 M€, un 9,6%), a excepción de los intereses de la deuda viva, de las pensiones de clases pasivas y de los sueldos de los funcionarios; y la intención de recaudar cerca de 12.500 M€ a base de quitar ciertas deducciones en el Impuesto de Sociedades (como la libertad de amortización, la dotación al fondo de comercio, el límite de los gastos financieros y el límite máximo de las deducciones), conceder una amnistía fiscal (camuflada bajo la aportación de un 10% del capital blanqueado), mantener el aumento del impuesto sobre la renta y subir algún impuesto especial y algunas tasas. Esperamos no recordar, dentro de un poco tiempo, un viejo dicho: “el camino del infierno está empedrado de buenas intenciones”.
Lorenzo Alonso
