La Mesa de la Unidad Democrática (MUD) se ha convertido en un frustrante dique de contención de la oposición venezolana. Esa alianza de franquicias electorales ha perdido completamente el apoyo y la credibilidad que tuvo en algún momento por allá en el lejano 2015. Su conducta errática de marchas y contramarchas ha sido la forma más efectiva de colaboración política con el régimen, que —gracias a esos auxilios— prolonga su agonía.

Siguiendo las políticas de la MUD, se ha perdido un tiempo valioso en fórmulas legalistas y electorales con un régimen que no respeta la ley ni los votos. Este año, además, se perdieron más de un centenar de vidas jóvenes en unas jornadas de protesta diseñadas para fracasar, porque nunca tuvieron como propósito derrocar a la dictadura, sino protestar contra ella para —ingenuamente— esperar su renuncia al poder. De otra forma no se podría explicar por qué la MUD nunca quiso organizar la protesta a escala masiva y nacional, una huelga general por ejemplo, y en lugar de ello se concentró durante semanas en el sospechoso cuadrante de la autopista del este de Caracas.

Para esconder su incapacidad en la conducción de la lucha democrática, la MUD nos propone renunciar a la única vía que históricamente ha demostrado ser la más efectiva para derrocar dictaduras: la insurrección de los ciudadanos. En su lugar plantea elecciones y negociar con el régimen.

Ambas propuestas llevan implícito el objetivo de desmovilizar la calle, que es a lo que más teme el régimen. En lugar de organizar la protesta, la MUD pide participar en elecciones fraudulentas, concebidas para favorecer al gobierno y ayudar a propagar la ilusión de un cambio por la vía del voto, desconociendo así, deliberadamente, la abundante evidencia de que el chavismo no entregará el poder de ninguna manera que no implique su expulsión por la fuerza.

Nuevamente, en vez de ponerse a la cabeza de la protesta social y luchar al lado de las víctimas, la MUD se alinea dócilmente al lado de los victimarios. Se presenta disminuida a una mesa de negociación con el régimen, con peticiones que son verdaderamente patéticas y lastimosas: un rector más en el CNE que tampoco tendrá autoridad, ayuda humanitaria que será administrada por las FANB y los colectivos chavistas, y la liberación de presos políticos contemplados en una lista fantasma que ni siquiera es reconocida por el Foro Penal.

En caso de que estas peticiones sean aceptadas por el régimen, vienen completamente castradas desde el principio. No resuelven los problemas de fondo que deberían resolver, y además —lo más grave— no contribuyen al propósito fundamental de derrocar a la dictadura y sacar al chavismo del poder. Pero aun cuando todo ello signifique un acto de sodomía política disimulada para la MUD, el régimen tampoco se da por complacido, y no muestra interés siquiera en admitirlas.

No puede haber interés de parte del régimen porque ya ha logrado lo que quería: ganar tiempo para afianzar su Constituyente y asegurarse la participación electoral de la MUD en las presidenciales del 2018, lo cual se da por descontado.

A estas alturas es absolutamente irrelevante lo que acuerden Gobierno y MUD en enero de 2018. Cualquier cosa que decidan buscará desmovilizar y desalentar la inmensa ola de protestas que se avecinan ante el colapso económico y social. Veremos a la MUD haciendo causa común con el régimen, actuando como apagafuegos del conflicto y llamando a la “protesta electoral”. Corresponde entonces a amplios sectores de la verdadera oposición asumir una política innegociable de confrontación y ruptura con la dictadura del Estado chavista para derrocarlo, a pesar de lo que diga la MUD.

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