Decía el filósofo griego Aristóteles que el gobierno de los mejores y de mejor linaje (aristocracia), tenia su vertiente degenerada en la oligarquía, entendiendo como tal, la forma de gobierno de los más ricos, sin ninguna capacidad ni méritos adicionales a los de esta condición. En la Europa política del siglo XXI se pone de manifiesto la ineficacia de unos sistemas de gerencia, basados en la ausencia de principios y valores y donde unos pocos, la excrecencia más mediocre de cada una de las sociedades que lo componen, ocupan las posiciones de poder. Dominan a la sociedad civil y niegan de forma obstinada y perniciosa el debate ideológico de base, la emergencia de nuevos proyectos y en definitiva, una movilidad innovadora en las clases dirigentes y empresariales, que permitiría aumentar nuestra hegemonía a nivel mundial frente a otros bloques y actores relevantes del panorama político y cultural global. Es el imperio de una mal llamada socialdemocracia (que paradójicamente no es ni social ni demócrata) constituida por las diferentes voces esquizofrénicas dentro de un mismo cerebro y que se materializa en forma de una casta de autoerigidos dirigentes, que no poseen legitimidad alguna, salvo la que ellos mismos se otorgan, para justificar su posición de poder.
En España, reparten sus fueros o parcelas de dominio en forma de partidos estatales, sindicatos estatales, patronales estatales, regiones autonómicas estatales -inventadas y diseñadas por ellos- y mediante una serie de grandes empresas que realmente y en contra de lo comúnmente aceptado, no son privadas, en el sentido más liberal del término, sino igualmente estatales, siendo parte intrínseca de la misma estructura del poder y por ello consustanciales al núcleo mismo del estado. En España no puede existir la libre empresa ni la emergencia necesaria de proyectos, porque el poder omnímodo de la oligocracia se ocupa convenientemente de mantener a la masa en situación de sumisión y coarta cualquier posibilidad de innovación que pueda poner en peligro su hegemonía económica. Al no existir una separación de poderes ni una verdadera constitución, no se puede garantizar una competencia justa y en igualdad de condiciones para las iniciativas privadas y particulares, que pretendan adquirir un lugar propio en el mercado y en el debate de las ideas, mediante la innovación. Un sistema abusivo de impuestos, un maquiavélico diseño de la fiscalidad y una hacienda pública enemiga frontal y directa de la figura de ‘infantería de a pie’ empresarial que es el mal llamado autónomo, se encargan del resto.
Una prueba de estos comportamientos arbitrarios y carentes del más mínimo sentido de la justicia natural ni del utilitarismo, la tenemos en la estéril y absurda lucha que Telefónica, una gran empresa en manos de ‘analfabetos tecnológicos’, mantiene desde hace algún tiempo contra Google, con la vana esperanza de conseguir sustraer -de forma ilegítima y fruto de la envidia- una parte de los beneficios económicos que obtiene la multinacional norteamericana y que son fruto de la innovación, su talento y una evidente ventaja competitiva en la red global de Internet. El argumento de Cesar Alierta, su director, líder y “eminente experto” en nuevas tecnologías, es que “nosotros poseemos una parte del océano virtual y por tanto tenemos patente de corso para asaltar a cualquier barco que circule por nuestras aguas”. Es cierto que no lo dice exactamente así, pero en síntesis es lo que se deduce de sus palabras, en una rueda de prensa ofrecida hace algunos años(1) a los medios de comunicación españoles. Si bien Google no es exactamente lo que se puede entender por una empresa emergente, creo que la situación ilustra perfectamente lo que se interpreta en España como libre competencia, observándose en los acontecimientos posteriores y en las leyes ad-hoc desarrolladas para favorecer estos planteamientos, como se puede manipular a los órganos del estado al antojo de los buques insignia de la oligarquía, para conseguir sus objetivos, cualesquiera que estos sean. Imaginemos por tanto la situación y suerte que correrían y corren empresas mucho menores y que aspiran a desarrollarse de forma independiente y al margen del tejido y entramado empresarial de la oligarquía del estado. La creatividad y capacidad de las pequeñas y medianas empresas españolas se encuentra con una gigantesca mano sobre sus cabezas, que las impide prosperar y contribuir al bienestar de la sociedad a la que pertenecen.
La abstención y el negarse a la participación en el sistema de votos que crea la ilusión de una democracia ficticia, se dibuja como la única alternativa pacifica, real y clara, para provocar un giro de timón en el rumbo de las ‘naves’ de la unión económica europea que se dirigen, inexorablemente, hacia un destino fatal marcado por el ocaso de las ideologías. Una gran abstención, en proporción suficiente, deslegitima al régimen de las oligarquías y dinamita su base de sustentación. Es este punto el que resulta difícil de aceptar y resulta paradójico para una enorme mayoría de personas que consideran, debido al adoctrinamiento al que son sometidas por el sistema educativo, que el no depositar su papeleta en las urnas es sinónimo de inacción y de pasividad frente a unos hechos que sufren y de los cuales buscan como defenderse. Son instruidas para no desconfiar del poder, para no cuestionar las bases establecidas, ni el paradigma ideológico en el que se desenvuelven.
El concepto de huelga, tan asimilado en la actualidad y defendido por las clases trabajadoras desde los tiempos de la revolución industrial, se entiende sin embargo con claridad y nadie duda de la eficacia de la parada de los sistemas de producción como forma de protesta y fuerza coactiva, que permite lograr la negociación y la consecución de unos derechos y condiciones óptimas, asegurando la dignidad del trabajador. Es por esto que considero que no debería de asombrarnos que cualquier luchador honesto y coherente con las ideas de libertad política colectiva, propugne y defienda la idea de abstención como forma de protesta y de acción política, contra un sistema de poder que niega la participación de la sociedad civil -a través de su representación en el estado- e impide la emergencia de proyectos que puedan crear puestos de trabajo, o al menos traigan algo de esperanza, a una población desarbolada, desnortada y que se encuentra vagando en las tinieblas más absolutas.
Depositar el voto en las urnas para favorecer a cualquiera de las facciones financiadas por el estado y que en España se hacen llamar partidos (con una oferta aparentemente variada, pero monocorde y con ideologías fingidas y ficticias), solamente consigue fortalecer el propio sistema corrupto existente y nos aleja a todos del objetivo final y deseado: una nación gobernada por una democracia real, representativa y sobre todo, con una separación de poderes que asegure el cumplimiento de una constitución que, de forma opuesta a la pila de papeles inútiles que tenemos actualmente, garantice los derechos del individuo frente al poder y establezca las líneas divisorias de cada órgano estatal. De esta forma se procuraría que ninguno de ellos alcance una hipertrofia que ponga en peligro la estabilidad de la maquinaria del estado. Basta leer a Montesquieu y dejar un poco de lado a Rousseau para comprenderlo. La revolución francesa y sus ideas, entre otras muchas razones, fracasaron en Europa por no hacerlo de esta forma.
(1) Conferencia de César Alierta, Presidente Ejecutivo de Telefónica
