El ministro de Hacienda y administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha hecho pública la intención del Gobierno de exigir responsabilidad penal a los gestores públicos, políticos o no, que gasten “más allá de los límites que tenga en su presupuesto”. Esta medida forma parte del plan del Gobierno para contener el gasto en las Comunidades Autónomas y cumplir con el objetivo de déficit impuesto por la Unión Europea.

“Lo que vamos a hacer ahora es un cambio que llamamos Ley de Transparencia de Gobierno. Vamos a exigir responsabilidades penales para los gestores públicos, ya sean políticos o personas nombradas por políticos”. Con estas palabras, pronunciadas en una entrevista concedida a la cadena SER, Montoro desvelaba la última medida del Ejecutivo en contención del gasto. El ministro explicaba que un gestor público “no puede gastar más allá de los límites que tenga en su presupuesto”, porque si lo hace estaría falseando la contabilidad pública, “guardando facturas en un cajón (…) que luego se vuelven impagables.”

Más tarde durante el día el ministro añadía más detalles sobre la medida en Onda Cero, declarando que, además de la responsabilidad penal, el gestor de la comunidad autónoma o ayuntamiento que no cumpla podría quedar inhabilitado durante un tiempo que no ha especificado. Montoro ha insistido en que un gestor público “no puede gastar más allá de los límites que tenga en su presupuesto” y que, si quisiese gastar más, lo que tiene que hacer es “subir los impuestos a los ciudadanos” y luego afrontar las consecuencias electorales.

En cuanto al criterio para aplicar esta medida, Montoro ha explicado que pertenecería a una segunda fase de los llamados “mecanismos de control”. La primera fase consistiría en un castigo económico, cuya cuantía dependería de la reincidencia y la cantidad de desviación del presupuesto, y la segunda ya incluiría la citada responsabilidad penal.