Transcurridas 72 horas desde el anuncio de la convocatoria de un nuevo referéndum separatista por parte del presidente de la Generalidad de Cataluña, Carles Puigdemont, ninguno de los tres poderes del Estado ha reaccionado. La inacción y la pasividad del Gobierno, de las Cortes y del Tribunal Supremo son absolutas.
Puigdemont convocó a los medios de comunicación el pasado viernes para informar de que el próximo 1 de octubre se celebrará un segundo referéndum separatista en el que los catalanes serán llamados a contestar la pregunta “¿Quiere que Cataluña sea un estado independiente en forma de república?”. En los días y semanas previos, distintos miembros del Gobierno manifestaron que la sedición continuada en Cataluña constituye un golpe de Estado. No obstante, desde entonces, y aún después del anuncio de este nuevo plebiscito, el Gobierno no ha movido un dedo para combatir el golpe de Estado que ha denunciado.
El ministro de Educación y portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, declaró en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del pasado viernes 2 de junio –poco después del anuncio realizado por Puigdemont– que el Gobierno sólo actuará cuando la Generalidad de Cataluña ponga por escrito sus amenazas, por lo que hasta entonces no se da por enterado de la realidad de lo que acontece.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, se ha limitado a repetir las mismas palabras que ella misma y el presidente, Mariano Rajoy, pronunciaron hasta la saciedad en los meses previos al primer plebiscito separatista, que tuvo lugar el 9 de noviembre de 2014: “No habrá referéndum”. No obstante, lo hubo. Al igual que sucede en la actualidad, el Gobierno también entonces se cruzó de brazos cuando sucedió lo que aseguraba que no sucedería. Todo ello a pesar de que el Código Penal en su artículo 408 señala que la pasividad de las autoridades ante los delitos de los que tengan conocimiento o de sus responsables supone un delito penado con la inhabilitación para desempeñar un cargo público.
La presidenta de las Cortes y del Congreso de los Diputados, Ana Pastor, no ha convocado ninguna sesión de la Cámara baja, como tampoco lo ha hecho el presidente del Senado, Pío García-Escudero, para que los diputados y senadores tengan la oportunidad de pronunciarse y tomar alguna medida respecto al ataque a la Nación española y a la integridad territorial del Estado.
El Tribunal Supremo, por su parte, no ha incoado ninguna acción contra el delito continuado de sedición que realiza la Generalidad de Cataluña y el Parlamento de Cataluña desde hace años ni contra esta nueva acción delictiva. Del mismo modo, tampoco ha iniciado ningún procedimiento contra el delito en el que incurre el Gobierno al desatender su obligación de impedir la sedición –el propio Gobierno la ha llamado golpe de Estado, por lo que no puede aducir desconocimiento–. Esta inacción por parte del Supremo podría hacer incurrir también al Alto Tribunal en este mismo delito.
Todos estos hechos suceden después de que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, aconsejara en un encuentro con jóvenes talentos el pasado 4 de mayo que “a veces, hay que mirar para otro lado”. Los tres poderes del Estado han seguido el consejo del presidente del Ejecutivo. Incluso los medios de comunicación lo han hecho, todos ellos entretenidos con las declaraciones de un entrenador de fútbol.
