El presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Carlos Dívar, ha relativizado el presunto delito de haber gastado fondos públicos en usos privados porque la cantidad que importaba el supuesto fraude era una “miseria” por tratarse de 6000 euros. Dívar ha dicho además que esos gastos estaban justificados.
La denuncia procede del catedrático de Derecho Penal y miembro del Poder Judicial, José Manuel Gómez Benítez, y eso obliga a que las facturas deben mostrarse y aclararse para saber con quien viajó y almorzó el magistrado, a qué fue a Marbella y qué actividades realizó.
Al abogado Trevijano el asunto le gusta muy poco, según dijo en Radio Libertad Constituyente: “un delito no depende de la miseria o grandeza de su montante. Que se lo digan a los miles y miles de presos por haber robado mil euros. ¿Cómo un jurista puede hablar de esa categoría jurídica? Eso revela la moralidad de quienes nos gobiernan”.
“En cualquier país protestante o católico un cargo público denunciado por esta cuestión dimitiría en 24 horas, y si el juez Carlos Dívar no lo hace evidenciará su escaso sentido de la responsabilidad y ejemplaridad que deben ostentar obligatoriamente los cargos públicos. Será la nueva vergüenza del poder que se añade a la lista interminable de vergüenzas españolas”.
