¿Crisis?, ¿qué crisis? (foto: superpepelu)   Crisis y libertad   A los sesudos intelectuales y conspicuos analistas sociales –pues no vale la pena, siquiera, mencionar a los alienados agentes políticos– que operan bajo el amparo del sistema oligárquico de partidos les supone una dificultad y un esfuerzo intelectual prácticamente insuperables, reconocer, simplemente, las causas de la actual crisis económica y financiera que aflige a España.   Educados en el acatamiento a las mentiras, imposturas y preceptos del Estado partitocrático, o amoldados a él, ciñen sus análisis, diagnósticos y recetas terapéuticas al campo de lo estrictamente «macroeconómico y financiero», ignorando las importantísimas y determinantes causas políticas del «desastre nacional», pues no de otro modo puede calificarse esta crisis integral que, teniendo su origen en la corrupción política de la Transición –registrada impudorosamente en el demostrativo y protervo texto «constitucional» de 1978–, produce sus consecuencias en el terreno de lo económico, a través de una crisis donde la inmoralidad de los poderes públicos es lo primero que salta a la vista.   Ha tenido que sobrevenir la quiebra económica del Estado y la ruina inminente de la nación, para que la actitud hierática y pertinaz de tales filósofos y cronistas, semejantes a estatuas de sal, haga aún más evidente la profunda corrupción moral, jurídica, política y económica de esta Sodoma y Gomorra en que se ha convertido la España de los partidos políticos y de las autonomías. Bastaría un solo instante de lucidez en conciencias tan distraídas para identificar el pecado original de esta crisis, netamente española –por desgracia–, en el secuestro de la libertad colectiva y la concentración del poder político en unos entes irresponsables cuyas actividades, sometidas a la más somera investigación por parte de un poder judicial independiente, podrían ser, a mi juicio, declaradas por completo ilegales.   Estos entes, políticamente ilegítimos, parasitan el Estado descaradamente, lesionan los valores e intereses de la sociedad al intervenirla y apropiarse de sus recursos más valiosos –las libertades políticas y económicas–, y conducen al Estado y a la nación misma al empobrecimiento más lamentable. Mientras, una desenfrenada clase política, sin control alguno, crece y vegeta al amparo de aquéllos y se enriquece de forma tan visible como escandalosa.   La injustificable y constante elevación del gasto público hasta cotas inauditas, lindando con el surrealismo, y en exclusivo favor de la clase partitocrática, está arruinando irreversiblemente al tejido empresarial y empujando hacia el paro, de manera desbocada, a un número creciente de empleados, sacrificando a una sociedad digna y capaz, al obturar su horizonte de prosperidad y cegar su porvenir. La fagocitosis de un Estado hiperplásico e hipertrófico –ahíto de organismos públicos de viejo y de nuevo cuño y de pseudoinstituciones oligárquicas que actúan como alocadas agencias de colocación–, y la general colonización de la sociedad civil, por obra de la desatentada voracidad y el chusco proceder de los partidos políticos, dirigen al país hacia la quiebra generalizada y el marasmo social.   El cáncer de los partidos en el corazón del Estado, las metástasis en las administraciones autonómicas y su diseminación por todo el territorio hasta alcanzar los más recónditos municipios -donde todo el censo de habitantes está integrado a veces por concejales de gobierno o concejales de la oposición- ha llevado al cuerpo de la nación a una situación consuntiva próxima al fracaso multiorgánico y al Estado a la inviabilidad política cercana a su disolución.   Pero he aquí que la primera y más importante consecuencia que advertimos en tan lamentable y calamitoso desorden es la disminución o la pérdida de libertad individual y económica -libertad ésta que tiene carácter social-, de una cuarta parte de los ciudadanos –verdaderos súbditos y reos del Estado de partidos–, que quedando privados de medios de subsistencia, se convierten en auténticos parias de la sociedad y en una situación incompatible con las libertades más básicas. Pues sin libertad económica no puede haber libertad social, ni resulta concebible la libertad política, confiscada de hecho por los partidos políticos en su propio beneficio y en forma fraudulenta.   Si la propiedad era el derecho básico sobre el que se sustentaba la libertad burguesa en el Estado liberal, y las libertades de trabajo, industria, comercio y profesión, se consideraban determinantes para garantizar todo el sistema de libertades, -pues tales libertades, individuales, sociales y políticas, se hallan conectadas formando un entramado indisociable-, la apropiación de la economía y las propiedades pertenecientes a los ciudadanos de la sociedad civil, por parte del Estado y de la clase política que lo invade y fagocita, despoja a éstos de la más elemental dignidad como personas.   De todo lo que acabo de exponer, fácilmente se deduce la necesidad imperiosa de instituir en España una nueva, justa y digna organización de la libertad -pues en esto consiste precisamente el cometido de la política-, tal como venimos proponiendo desde el Movimiento Ciudadano hacia la República Constitucional, pues una moderna sociedad como la nuestra no se merece otra solución peor o diferente.