Ayer quedó visto para sentencia el juicio a Baltasar Garzón por las escuchas a imputados de la trama Gürtel y sus abogados en el que se enfrenta a una pena de inhabilitación de hasta 17 años. El acusado hizo uso del último turno de palabra y afirmó que asume “todas y cada una de las decisiones, que fueron tomadas reflexivamente y en cumplimiento de la más estricta legalidad, interpretando las normas nacionales y también de los convenios internacionales en los que España es parte.”
Garzón comenzó su turno de palabra diciendo que “será la última vez que pueda hacerlo ante un tribunal de justicia, español en este caso” y defendió que “en ningun momento se violentó ni se lesionó” el derecho a la defensa de los imputados. También habló acerca del método realizado para hacer los expurgos, declarando que el juez “no puede prescindir del Ministerio Fiscal y de su concurso en el desarrollo de una instrucción, mucho menos cuando las diligencias están secretas”, y que en este caso la fiscalía Anticorrupción “contribuyó” a esta tarea.
La acusación tenía tan claro que la conducta de Garzón se desarrollase en “la más estricta legalidad.” El abogado de Francisco Correa, José Luis Choclán, acusó a Garzón de “invocar la razón de Estado” y defender que los “medios se subordinan a un fin” para realizar las escuchas, lo que en su opinión “es la antítesis del Estado de Derecho, en el que el fin debe subordinarse a unos medios perfectamente constitucionalizados”. Choclán citaba a Voltaire para sostener que “la razón de Estado es la excusa de los tiranos”.
Ignacio Peláez, autor de la querella inicial que dio origen a la causa,coincidía en la crítica con Choclán. El abogado defendió ante el Supremo que no busca una condena “represiva” y “ejemplar” de Baltasar Garzón, sino la definición de unos límites que demuestren que “el fin no justifica los medios” y, en consecuencia, que los letrados puedan hablar “libremente” en prisión hasta con el más “repudiable” de sus clientes.
Por su parte el abogado Pablo Rodríguez-Mourullo, que representa al imputado en “Gürtel” Pablo Crespo, ha comparado al juez suspendido con “una suerte de Gran Hermano” que todo lo escuchó.
Por otra parte el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) emitía un comunicado horas antes de la finalización del juicio a Garzón en el que afirma que las citadas escuchas “repugnan al sentido común y hacen que los ciudadanos pierdan la confianza en el Estado de Derecho”. El comunicado afirma que “la posibilidad de que las comunicaciones de un ciudadano con su abogado puedan ser intervenidas no sólo es inconstitucional, sino que convierte esas actuaciones en un instrumento ilegal de control de los poderes públicos frente a una de las más singulares manifestaciones de privacidad y derechos civiles”.
