La comparación entre el lobby en los Estados Unidos y la actuación de los poderes fácticos en España casi nunca se aborda con el debido juicio frío del derecho comparado, sino con un cínico juicio moral sobre la verdad y la mentira en la vida pública.
En Estados Unidos, el lobby no es una corrupción vergonzante que se oculte en las sombras del Estado. Es una actividad reconocida, regulada y sometida al escrutinio público. El lobista actúa a la luz del día: se inscribe en registros oficiales, declara qué intereses defiende, cuánto cobra y ante qué poderes comparece. No es un poder ilegítimo porque no suplanta la voluntad política ni gobierna en nombre propio. Es un testigo público de los intereses privados que presionan al poder político, pero sin confundirse con él. La ley no finge que el conflicto de intereses no existe. Lo reconoce y, al reconocerlo, lo limita y lo regula. Del mismo modo, cada votante es conocedor de quién sustenta económicamente al candidato, pudiendo votar con conocimiento de causa.
En España sucede lo contrario. Aquí no hay lobby porque no hay representación más que de los partidos políticos. Lo que existe es una fusión orgánica entre partidos estatales y grandes intereses financieros, energéticos y mediáticos. No se trata de presión, sino de pertenencia. Los partidos no son representantes de la sociedad civil frente al Estado, sino órganos del propio Estado repartidos entre facciones. Por eso, los llamados poderes fácticos no se muestran. Operan directamente desde dentro. No hay lobby, hay cabildeo.
La prueba de esta realidad es la circulación obscena de expresidentes, exministros y altos cargos hacia los consejos de administración de las grandes empresas, como las energéticas. No llegan como técnicos ni como expertos independientes. Llegan como retribución diferida por servicios prestados al poder económico mientras ocupaban cargos públicos. No hay causa visible ni mérito alguno en la contratación, pero sí un pacto silencioso. La política se convierte así en una carrera previa al retiro dorado, no en un servicio a la nación.
En Estados Unidos, cuando un político se convierte en lobista, abandona la función pública y pasa a ser un agente privado identificado como tal. En España, el político nunca deja de ser parte del mismo régimen. Hoy legisla, mañana administra, pasado mañana cobra dividendos del monopolio que ayudó a crear o proteger. Todo ello sin rendición de cuentas, sin registros, sin control ciudadano.
Esta diferencia no es moral, es técnica. Donde hay transparencia, hay posibilidad de libertad política. Donde el poder actúa en la clandestinidad, no hay democracia, sino oligarquía de partidos. La partidocracia española necesita ocultar sus vínculos con el dinero porque su legitimidad no nace del ciudadano, sino del reparto de poder entre cúpulas. El lobby americano puede ser criticable, pero es visible. Los poderes fácticos españoles son invisibles porque viven del engaño.
La libertad no se mendiga ni se regula desde arriba. Se funda sobre la verdad pública. Y la verdad comienza por llamar a las cosas por su nombre.
