Lo que la mayoría de los españoles quiere, aunque muchos no lo sepan, es un sistema presidencialista con separación de poderes en origen y representación política, que es lo que nosotros —el Movimiento de Ciudadanos hacia la República Constitucional— proponemos. Sistema que hubiera evitado el pacto ominoso producido entre el presidente del Gobierno en funciones y el ciudadano Puigdemont.  

Presidencialista porque, al igual que en Francia o Estados Unidos, con este sistema los españoles hubieran podido elegir entre Sánchez y Feijóo (los dos candidatos más votados) en unas elecciones en segunda vuelta, saliendo elegido un ganador por mayoría absoluta de todos los españoles en votación celebrada en circunscripción única nacional, sin pactos ni acuerdos con formaciones minoritarias, sin repartos de poder ni concesiones a partidos bisagra votados por el 0’5% de los españoles, partidos que finalmente son los que deciden quién gobierna y cómo se forman los presupuestos. Con un sistema presidencialista los españoles hubieran elegido al presidente del Gobierno de manera directa sin necesidad de pactos ni traiciones a programas y votantes.  

Representación política porque, abrogando el sistema proporcional de listas de partido e instaurando un sistema con representantes políticos elegidos de manera uninominal y directa, en circunscripciones pequeñas de aproximadamente 100 000 habitantes, evitaríamos que diputados de Cáceres; Badajoz; las provincias andaluzas o castellanas; etc., voten algo que va en contra de los intereses de sus representados, como está ocurriendo en la actualidad, que aquéllos tienen que votar bajo mandato imperativo de su jefe de partido, mediante disciplina de voto, a favor de cuestiones que perjudican claramente a los votantes que supuestamente los escogieron.

Con un sistema uninominal mayoritario, los diputados de estas regiones votarían en favor de los intereses de su distrito electoral, al contrario de lo que ocurre en España, que el diputado electo a través de lista proporcional predeterminada, obedece exclusivamente las instrucciones del jefe de filas, que levanta su dedo indicando al diputado apretabotones lo que debe votar —aunque sea un diputado extremeño, éste tendrá que votar a favor de perdonar la deuda a Cataluña, perjudicando a extremeños, castellanos y andaluces, los cuales tendrán que pagar la deuda catalana a cambio de rédito político del cabecilla de partido con cúpula en Madrid, un despropósito—.

Esto se arreglaría con el sistema que proponemos, ya que el diputado se debería a su distrito y no al amo que lo incluyó en la lista. Votarían en conciencia y de manera independiente, diputado a diputado, aquello que beneficiase a sus circunscripciones, no lo que beneficiase a las cúpulas centrales de sus partidos. 

Dicho de paso tampoco nos agrada mucho el hecho de tener que mantener un rey. Montesquieu señalaba que la monarquía tenía el honor como resorte, mientras que la república tenía la virtud (Capítulo IX del Libro VI del Espíritu de las Leyes, 1748). ¿Pero de qué nos sirve una monarquía sin honor? Los defensores de esta institución, si es que queda alguno, arguyen que la ventaja de tener un rey es que «si al presidente del gobierno se le va la pinza, el rey puede pararle los pies». El rey vive como un dios todo su reinado precisamente para defendernos en situaciones como ésta. Pero tenemos un rey alejado de la realidad real de los españoles, lejos de los problemas de España y sus ciudadanos. Su agenda consiste en visitar museos, hacerse fotos, pasear en carrozas medievales y firmar en vidrios con bolígrafos de punta de diamantes, mientras el país que juró defender se va desangrando hasta morir. Esta institución, que en épocas medievales tenía su función social consistente en defender las tierras de los campesinos del ataque del invasor extranjero, se ha convertido en un ornamento inútil y caro de mantener. Personalmente, como sostengo, preferiría no tener que mantener a un rey, pero ya que lo hacemos debería ser para actuar en momentos como el actual, que cumpliera con alguna función, y no me refiero a firmar amnistías y sonreír. Cuando se ha dicho desde todas las tribunas, inclusive de manera activa y enérgica por parte de todos los altos cargos del PSOE, que la amnistía es inconstitucional, la obligación del rey como garante de las instituciones y de la unidad nacional es negarse a firmarla, y asumir las consecuencias de lo que venga después.

Recordaré el caso de Nicolás Salmerón, el que fuera presidente de la I República, que estaba en contra de la pena de muerte y a las pocas semanas de ser nombrado presidente, en 1873, se vio obligado a firmar unas sentencias de muerte que condenaban a unos militares. Nicolás Salmerón, con más honor del que demuestra este rey y con más coherencia con sus ideas, dimitió, no firmó aquellas sentencias de muerte. 

Tampoco estamos de acuerdo con un Consejo General del Poder Judicial nombrado por los partidos políticos; ni con la existencia del Tribunal Constitucional, tribunal político que atenta contra el principio de unidad jurisdiccional, este tribunal compuesto por políticos disfrazados de jueces es el que va a decidir si la amnistía es o no constitucional. Pero por razones de claridad expositiva no extenderé más estas líneas, si tienen alguna duda les emplazo a que conozcan nuestro movimiento, porque nosotros sabemos paso a paso cómo es el cambio que necesita España, cómo evitar esto que algunos llaman golpe de Estado, cuando lo que es en realidad, es un golpe desde el Estado a la nación española, que somos nosotros los ciudadanos.

Y si no, verifíquenlo ustedes mismos, hagan la prueba, paren a alguien por la calle y pregúntenle si hubieran preferido poder elegir directamente entre Sánchez y Feijóo como presidentes, sin necesidad de pacto y reparto del poder. Sin necesidad de consensuar con partidos bisagra de terroristas y secesionistas la gobernabilidad de España. Una urna para elegir a su presidente del Gobierno; una urna para elegir a su diputado, responsable personalmente ante ustedes, amables lectores.