Compareciendo ante el Senado de Estados Unidos, Marco Rubio —secretario de Estado del actual gobierno de Washington— invocaba la Transición española como referente para un supuesto proceso de cambio en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro. Allí, Rubio afirmó que «hay precedentes, como España o Paraguay, donde hubo una transición de un régimen autocrático a una democracia, y llevó tiempo», y que Venezuela debe seguir ese camino para alcanzar la estabilidad y unas elecciones libres.
Es momento de decir alto y claro que poner a la Transición española como un «modelo exportable» es una falacia histórica y una maniobra política al servicio de la política exterior norteamericana. La analogía que Rubio propone, se utiliza para enmascarar una agenda de control político y geoestratégico, bajo la apariencia de «democratización», que no se orienta hacia la libertad constituyente sino hacia la instalación de regímenes clientelares y manejables.
La Transición española tras la muerte de Franco es celebrada como si hubiera finalizado con el establecimiento de una democracia. Sin embargo, esa afirmación oculta lo esencial: la Transición no fue una manifestación genuina de libertad constituyente del pueblo, sino un arreglo entre élites políticas que preservaron los intereses de las clases dominantes y los grupos de poder preexistentes. Fue la consolidación de lo que técnicamente se denomina «partidocracia» o «Estado de partidos», un sistema oligárquico en el cual los aparatos de los partidos políticos sustituyen la representación del gobernado y neutralizan toda posibilidad de controlar el poder político.
Ese proceso sin libertad constituyente no fue la emanación de una voluntad surgida de los españoles, sino una maniobra de adaptación del régimen franquista a un formato aceptable para las potencias occidentales y los poderes fácticos. La Constitución de 1978 no salió de una Asamblea Constituyente elegida libremente por la ciudadanía, sino por unas cortes ordinarias conformadas por la Ley para la Reforma Política del franquismo y de las negociaciones entre élites. El resultado no fue una democracia, sino un régimen asentado sobre los intereses corporativos de los partidos y de unas estructuras estatales ya existentes.
Quien estudie la documentación histórica —y no solo la narrativa romántica consolidada por los círculos políticos y mediáticos— verá que la Transición española se desarrolló en un contexto internacional marcado por la Guerra Fría y por los intereses estratégicos de Estados Unidos y sus aliados. Fue un momento en el que los gobiernos occidentales, temiendo el avance de revoluciones sociales similares a las de Portugal, presionaron para que España resolviera la sucesión del franquismo mediante pactos de élite, evitando la incertidumbre y la posible influencia de la Unión Soviética. Es decir, la intervención internacional, estimulada —cuando no dirigida— por actores como Kissinger y la diplomacia norteamericana, fue un factor fundamental para que la reforma pactada prevaleciera sobre una ruptura democrática.
Este dato histórico no es menor: lo que se llamó «Transición» fue en gran medida la consecución de un equilibrio de fuerzas internacionales y nacionales que preservara los intereses geopolíticos y económicos norteamericanos en el flanco sur de Europa. El miedo y el oportunismo de toda una generación de políticos hicieron el resto.
En este punto es imprescindible introducir una distinción que el rigor intelectual exige. Henry Kissinger fue una figura profundamente nefasta para la libertad de los españoles, como lo fue para la de tantos otros pueblos sometidos a la lógica imperial de la Guerra Fría. Su influencia no obedecía a ideales, sino a cálculos fríos de equilibrio estratégico y control geopolítico. Para él, España no era un pueblo que debiera conquistar su libertad política, sino una pieza que debía encajar sin fricciones en el tablero occidental.
Pero dicha constatación no debe conducir a una confusión aún mayor. Kissinger, pese a su cinismo, comprendía perfectamente lo que estaba haciendo. Sabía que la Transición española no era un proceso nacido de la libertad constituyente, sino una solución de compromiso diseñada para evitarla. Operaba con la lógica del realismo del poder, no con la propaganda.
Marco Rubio, en cambio, representa una degradación intelectual notable. Cuando presenta la Transición como modelo democrático, no actúa por un realismo consciente, sino con la repetición acrítica de mitos oficiales. Kissinger sabía que no estaba exportando libertad. Rubio pretende hacernos creer que la libertad puede surgir de la tutela, del guion prefabricado y del reparto de poder entre élites previamente seleccionadas. Ambos son obstáculos para la libertad política de las naciones. Pero solo uno de ellos entendía el significado real de aquello que estaba negando.
Rubio y sus aliados en Washington presentan la Transición española como si hubiese sido la apoteosis de la libertad y la democracia, comparándola con lo que, según ellos, debería suceder en Venezuela. Quienes establecen esta comparación olvidan deliberadamente tres cuestiones fundamentales: primero, que la Transición no fue producto de la libertad constituyente, sino de pactos entre élites políticas con respaldo diplomático extranjero; segundo, que la Constitución vigente en España no provino de una Asamblea Constituyente, sino de un texto elaborado mediante un pacto entre los partidos clandestinos y el poder constituido, posteriormente ratificado por vía plebiscitaria.
Por último, se omite que, desde su instauración, ese régimen de poder ha cristalizado en un modelo político de control partitocrático, en el que las estructuras de partido capturan la voluntad colectiva y convierten al ciudadano en espectador de su propio devenir político. Para todo aquel que aspire a la libertad, resulta incongruente usar como ejemplo un proceso que sustituyó la libertad constituyente por una partitocracia estructural.
La intervención estadounidense en Venezuela no se limita a declaraciones de buenos deseos sobre «elecciones libres» o «estabilidad democrática» —como Rubio quiere venderlo—, sino que está acompañada de acciones concretas que garantizan el control sobre recursos económicos vitales, sobre la estructura institucional y sobre los mecanismos de poder interno. El plan de Washington incluye, entre otras medidas, el control de ingresos petroleros en cuentas supervisadas desde el exterior, así como incentivos y presiones económicas y políticas que aseguran una subordinación de facto al interés norteamericano.
Esta estrategia nada tiene que ver con la libertad constituyente de los venezolanos. Lo que se está ejecutando es una forma de tutelaje explícito bajo la retórica de la «democracia», en la que actores externos dirigen y orientan los tiempos y las condiciones de lo que llaman «transición».
Decir que la Transición española es un modelo para Venezuela es no entender ni la historia ni la política. Es repetir una narrativa conveniente a las potencias que buscan justificar intervenciones y direcciones de régimen bajo el paraguas de la «liberación democrática». Pretender que un pueblo que hoy lucha por su libertad bajo una opresión interna y una intervención externa siga un guion histórico que consagró la oligarquía de partidos es, desde luego, un insulto a la dignidad política del pueblo de Venezuela.
