En la monarquía de partidos, cada reforma de la justicia es para atarla un poco más en corto. La anunciada modificación del sistema de acceso a la carrera judicial es el último ejemplo que confirma esta tendencia. Si ya la existencia de un Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) como órgano político de gobierno y la existencia de un Ministerio de Justicia son incompatibles con la independencia institucional de la Justicia, al menos el rigor del proceso selectivo ordinario garantizaba cierta calidad técnica.
No obstante, la opinión publicada se ha centrado tan solo en la eliminación de uno de los exámenes orales como el elemento clave de la reforma, cuando el calado de la misma es mucho mayor y más peligroso en otros aspectos que recoge. Veamos los puntos clave del anteproyecto:
1. Aumentan a un 25% los jueces del «cuarto turno».
– Es decir, los elegidos en proceso selectivo sin oposición entre juristas de reconocida competencia, que por supuesto corresponde designar al propio CGPJ dominado por la clase política. De la devaluación del concepto de «jurista» mejor ni hablar.
2. Se crea un «cuarto turno» para la carrera fiscal.
– Hasta ahora inexistente, lo que es especialmente importante, dada la intención gubernamental de suprimir a los jueces de instrucción y entregar a los fiscales esa función investigadora en el proceso penal. Por si no fuera suficiente que la labor instructora se siga por personas regidas por el principio de unidad de actuación y dependencia jerárquica de un fiscal general del Estado designado por el Gobierno, ahora se podrán designar directamente sin oposición a los propios fiscales de base. Se trata de la medida más grave y que ha pasado desapercibida para la prensa.
3. Se establece un sistema de becas para opositores a juez y un organismo público de preparación.
– Que las oposiciones a juez se preparen en escuelas estatales plantea serios peligros sobre quienes ocuparán las plazas disponibles y quienes podrán acceder, así como la formación ideológica que recibirá el futuro juez. Máxime cuando se prevé que se habilite un registro público de jueces y magistrados que puedan actuar como preparadores al margen del sistema público. El tribunal de oposición sabrá por quién viene preparado el aspirante.
4. Se prohíbe la financiación privada de las asociaciones judiciales.
– Lo que sería una medida adecuada, si la alternativa fuera que únicamente pudieran sufragarse con las cuotas de sus afiliados. No es así, estableciendo adicionalmente la subvención como fuente de financiación y, en consecuencia, de dependencia.
5. Se cambia la composición y elección de los miembros del Comité de Ética del CGPJ.
– Pasará a tener nueve integrantes. De estos, cinco serán jueces y magistrados elegidos por sus compañeros y otros cuatro serán elegidos por las Cortes Generales entre catedráticos de Ética, Filosofía del Derecho o Filosofía Moral. Endogamia y control político por el precio de uno. De hecho, serán elegidos con un sistema similar al de la Mesa del Parlamento, para garantizar el reparto.
6. Eliminación de uno de los dos exámenes orales para introducir un caso práctico por escrito.
– Se trata de la medida en que se ha centrado la prensa, eclipsando la gravedad de todas las anteriores.
La propuesta, impulsada por el ejecutivo bajo el pretexto de modernizar el sistema, no es sino un paso más hacia la neutralización de la independencia de la Justicia. La introducción de criterios de evaluación subjetivos y de fases dependientes de designaciones discrecionales favorece la infiltración de perfiles afines al poder de turno. De aprobarse, estaríamos ante un modelo donde el aspirante a juez debería no solo demostrar su competencia, sino también granjearse el favor de quienes manejan los hilos del régimen.
El verdadero problema que el sistema judicial arrastra no es el mecanismo de oposición, sino la falta de medios, la acumulación de causas y la interferencia política en las decisiones judiciales. Sin embargo, en lugar de reforzar la independencia y dotar de más recursos a los tribunales, el Gobierno opta por una reforma que facilitará el acceso a jueces de perfil ideológico afín, eliminando los obstáculos técnicos para ello.
Un paso más hacia la dictadura silenciosa. Ánimo en tu labor, Pedro. Tu estilo sabio y conciso es muy de agradecer.