“Revolución” o “darle la vuelta a la Justicia” son algunos del los términos que se han utlizado en diferentes medios de comunicación para describir el paquete de medidas anunciado por Alberto Ruiz-Gallardón en la comisión de Justicia del Congreso de los Diputados. Las reformas incluyen, entre otras, la revisión de la Ley del Aborto, penas permanentes revisables para casos específicos o una reforma de Ley del Menor. Además ha anunciado un cambio en el sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Según el comunicado que ha emitido el Ministerio de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón se ha propuesto “terminar con el reparto de cuotas partidistas en el CGPJ” mediante la elaboración de una nueva Ley Orgánica del Poder Judicial en virtud de la cual “las Cortes escojan a ocho de los veinte vocales del CGPJ y los doce restantes sean seleccionados por y entre los magistrados de la carrera judicial.” Pero esos ocho vocales, según ha apuntado Ruiz-Gallardón, “no podrán ser objeto de intercambio político. Se ha de volver al acuerdo que establece la Constitución y que cada uno de ellos sea elegido mediante el consenso por los grupos parlamentarios.” Además, tal y como adelantase la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, “se delimitarán las competencias del Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional y se recuperará el recurso previo de inconstitucionalidad para los estatutos de autonomía.”
El titular de Justicia también ha anunciado que pretende combatir el “exceso de litigiosidad” del sistema judicial. Según el comunicado del ministerio, para “moderar los abusos en el acceso a los órganos judiciales en segunda instancia” se propone una revisión de las tasas en las que los ciudadanos tendrán que hacerse cargo de las costas del proceso en que intervengan a partir de la segunda instancia. Estarán exento del pago las personas que acrediten la falta de recursos económicos suficientes.
En su comparecencia parlamentaria, Ruiz-Gallardón también ha recordado que la Constitución no admite la amnistía como indulto de carácter colectivo y que tan solo reconoce el ejercicio de derecho de gracia con carácter individual y con sujeción a ciertos requisitos: “Cualquier medida estaría sujeta, en todo caso, a los factores particulares de cada recluso, y entre ellos la petición individualizada de petición de perdón y ánimo de reparación a las víctimas.”
Aborto, cadena perpetua y Ley del Menor
Gallardón también ha anunciado una reforma parcial de la Ley del Aborto por “en la que se exigirá el consentimiento paterno en relación a las menores y se defenderá el derecho a la vida en los términos ya definidos por la doctrina del Tribunal Constitucional.” Esta doctrina a la que alude es la de “defensa del derecho a la vida” de 1985, que despenalizó el aborto en tres supuestos: grave peligro para la vida de la embarazada y el grave peligro para su salud, violación y probable existencia de graves taras físicas o psíquicas en el feto.
Además se estudiará la “posible instauración de la pena de prisión permanente revisable, configurada como una pena excepcional para supuestos muy restringidos pero que han alcanzado el máximo grado de repulsa social” y “una nueva regulación en la Ley Orgánica de
Responsabilidad Penal del Menor por la cual se unificará la investigación y el enjuiciamiento en los casos de delito grave en los que estén implicados mayores y menores.”
