Si se conoce que La Fiscalía es un instrumento del partido gobernante para llevar adelante sus iniciativas, no debe sorprender que invariablemente sus decisiones vayan a favor de su estrategia política. Para que luego hablen de lawfare.
Ahora, los tertulianos del otro bando se echan las manos a la cabeza porque el fiscal general del Estado, don Álvaro García Ortiz, se pronuncie, con supuesto criterio técnico, en contra de las intenciones de García Castellón y de la Junta de Fiscales de Sala del Tribunal Supremo, de seguir su instrucción contra Puigdemont por delito de terrorismo, lo que le dejaría fuera de la amnistía según la inicial redacción de la propuesta de ley orgánica.
También se hacen cruces porque el fiscal del Tribunal Supremo que ha de informar al respecto, el señor Redondo, cambiara súbita y radicalmente de criterio tras entrevistarse con el propio García Ortiz.
Sin embargo, todo obedece a la lógica de la cadena de mando. La razón de esta situación se encuentra en la propia configuración de La Fiscalía como estructura jerárquica, en cuya cúspide se sitúa a un fiscal general del Estado elegido por el Gobierno. Por eso en el Gobierno están tan tranquilos. De los mismos creadores del «¿y La Fiscalía, de quién depende?», llega ahora el «decidirá quién le corresponda decidir».
Sólo la auténtica unidad de las carreras fiscal y judicial dentro de una justicia independiente, regida por un órgano de gobierno separado del poder político orgánicamente, garantiza la integridad de la función de defensor del derecho propia del Ministerio Público.
En realidad, la prosecución neutral del interés público y la operación intelectual de juzgar y hacer cumplir lo juzgado son dos caras de la misma moneda, inseparables y complementarias. Sólo las diferencia la capacidad decisoria. No olvidemos que en el derecho penal español, al contrario, por ejemplo, que en el norteamericano, el fiscal no es un mero acusador sino un defensor imparcial del derecho, que debe apreciar y manifestar al juzgador, si existen, las circunstancias que eximen de la responsabilidad criminal.
Agárrense a los asientos, porque esto será un aperitivo si, finalmente, tal y como están de acuerdo los partidos del gobierno y oposición (ya se sabe: «hoy tú, mañana me toca a mí»), sale adelante la reforma procesal penal para sustraer las competencias instructoras al juez y atribuirlas al fiscal.
