Más allá de todas las especulaciones sobre el atentado contra Nicolás Maduro, lo concreto son las explosiones que han podido acabar con la vida del tirano, la autoría asumida por un grupo de militares activos y en reserva, y la estampida de los asistentes al desfile en homenaje a la Guardia Nacional.
Las explosiones generadas por los drones que sobrevolaron el espacio aéreo del palco presidencial fueron tan reales y tan cerca de la humanidad de Nicolás Maduro que, aunque quisiera el gobierno, no podría haber negado la tesis del atentado. Aquí no se trata de suscribir la versión oficial. Lo que queda claro es que, frente a un hecho incontrovertido, que incluso dejó varios asistentes heridos, el régimen de Maduro no tenía otra salida que admitir que efectivamente se trataba de un intento de magnicidio.
Algunos supuestos opositores y “analistas” saltaron de inmediato a calificar el incidente como una estrategia del régimen para distraer la atención, y otros más audaces aseguraron que se trató de una maniobra del mismo régimen para ahora sí iniciar una purga dentro de la FANB. Ambos argumentos son absurdos si se toma en cuenta que esa maniobra ha podido acabar con la vida de Maduro. Lo de un pretexto para la purga es infantil, al constatar que desde 2003 existen procesos continuos de purgas políticas e ideológicas en el seno de la fuerza armada. El régimen no necesita excusas para hacerlas. Las hace y punto.
¿Podría creer alguien realmente que el gobierno necesita de un autoatentado para distraer la opinión o para justificar la persecución contra oficiales patriotas en el seno de la FANB? Quienes afirman esto, usan el mismo razonamiento que fue empleado para descalificar las acciones del piloto Oscar Pérez. Y hoy regresan con los mismos argumentos sin el menor rubor, aunque la realidad los haya desmentido como presuntos “analistas”.
Lo otro concreto es el comunicado leído por la periodista Patricia Poleo, en el cual un grupo de militares asumió la autoría y responsabilidad por la “Operación Fénix”, con la cual identifican este intento de tiranicidio contra Nicolás Maduro.
El comunicado justifica la acción en una serie de artículos de la constitución chavista de 1999. Sobre todo, los referidos al derecho a la rebelión contra la tiranía y la necesidad de restablecer la autoridad de esa misma constitución que, según dice el documento, ha sido vulnerada por el actual régimen.
Siempre he cuestionado que se use esa constitución chavista como base política o jurídica para cualquier intento de rebelión o insurrección civil o militar, porque se trata de una trampa que conduciría al sostenimiento del régimen político que justamente queremos destruir.
Sin embargo, en el contexto que estamos analizando, no hay duda que la perspectiva usada en la redacción de este documento es la de oficiales militares activos y en la reserva que han sido o son aún de filiación chavista. Esto podría además confirmar las peores sospechas del régimen de que efectivamente se trata de una acción militar bien planificada que involucra a numerosos efectivos, la cual además podría tener desarrollos ulteriores.
Finalmente, queda el hecho incontrovertido, público y notorio del rompimiento de la formación militar y la estampida de quienes acompañaban a Nicolás Maduro en el palco presidencial. Muchos de los civiles y militares que corrieron despavoridos para proteger sus vidas, han sido los autores intelectuales y materiales de un linchamiento sistemático contra la población civil venezolana en los últimos años. Hasta ese día habían estado convencidos de que el régimen de Maduro sería eterno y ellos intocables, pero el temor a la repetición de incidentes similares los obligaría a pensar lo contrario. Las escenas de la estampida quedarán vívidas en la memoria de los venezolanos como un momento icónico en la lucha contra la tiranía cuando, según la conseja popular, el miedo cambió de bando.
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